Hay evidencias incontrovertibles que permiten sostener que los organismos de derechos humanos han evitado o detenido injusticias, resarcido los derechos de las víctimas y propiciado que los abusos de poder sean castigados.
A casi 30 años de la instauración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que siguió la de sus homólogas en las entidades federativas, no se ha realizado en México el necesario análisis riguroso de la actuación de esos organismos.
Sin embargo, hay evidencias incontrovertibles que permiten sostener que, en muchos casos, la mayoría no registrados en los medios de comunicación, esos organismos han evitado o detenido injusticias, resarcido los derechos de las víctimas y propiciado que los abusos de poder sean castigados.
De esa manera, la institución del ombudsman ha propiciado una auténtica revolución cívica al constituirse en instrumento eficaz al alcance de cualquier persona —no se requieren los servicios de un abogado para presentar la queja—, con lo cual una buena cantidad de ciudadanos ha transitado de una actitud de resignación resentida ante los agravios de las autoridades a otra de coraje activo en defensa de sus derechos.
Desde que fue creado, hubo quienes vieron con antipatía al ombudsman, entre ellos los funcionarios públicos a quienes no agradaba la idea de que sus actos fueran supervisados por una institución profesional y autónoma para prevenir o enmendar arbitrariedades. Se ha tenido que explicar reiteradamente que el ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de las tropelías, la negligencia y el incumplimiento de los deberes por parte de quienes ostentan un cargo público.
No obstante, una iniciativa de Morena y el Partido del Trabajo propone la desaparición de los organismos públicos defensores de derechos humanos y su sustitución por una Defensoría del Pueblo que tendría delegaciones en las entidades federativas. ¿Por qué desaparecer instituciones que generalmente han funcionado bien? Una posible explicación es la clara animadversión del Presidente de la República por los organismos autónomos, la cual se ha manifestado un sinnúmero de veces, la más reciente en perjuicio del Coneval. Pero su agresión a la CNDH es particularmente violenta, lo que, al parecer, se debe a la irritación que le causa que se le señalen sus atropellos.
En Venezuela, de cuyo régimen tiránico son admiradores varios adláteres del Presidente, hay una Defensoría del Pueblo obsecuente hasta la ignominia con el gobierno, al punto de que el propio hijo del defensor le reclamó públicamente a su padre su conducta servil y deshonrosa. En un video, con palabras impregnadas de dolor y de todo el fuego de sus 20 años, se dirigió a su padre: “Te pido como hijo, y en nombre de Venezuela… que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer… sé que no es fácil, pero es lo correcto”.
Como Andrés Manuel López Obrador carece de argumentos para descalificar a la CNDH, miente al decir que ésta carece de autoridad moral porque guardó silencio cómplice “cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos”, y ejemplificó con los casos de la guardería ABC y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero, como se puede constatar fácilmente, la CNDH se ha pronunciado en esos asuntos, como en los demás de su competencia, con profesionalismo y objetividad. No es una conducta plausible de un Presidente —de nadie, pero sobre todo de un Presidente— que se incurra en la calumnia con el propósito de desprestigiar a una institución tan respetable y a sus integrantes.
Ante la gravedad de la descalificación, por los términos en que se expresó y, sobre todo, por venir de quien viene, un grupo de académicos, militantes de diversas ONG, empresarios, periodistas y escritores, todos prestigiados, ha dirigido una carta pública al Presidente defendiendo al ombudsman y expresando con toda firmeza su rechazo al propósito de desaparecer la institución, así como su desacuerdo con la vulneración de los demás organismos autónomos.
La carta es importante, pero insuficiente. Es preciso que, si se quiere defender la democracia, todos los sectores de la sociedad se manifiesten contra las pretensiones autocráticas y que los medios brinden el debido espacio a esas manifestaciones; que los partidos de oposición, las ONG, los centros de estudios y las organizaciones empresariales salgan de su letargo. La autocracia se ha impuesto en muchas ocasiones doblegando la resistencia de la sociedad civil, pero en otras, ¡ay!, ésta le ha facilitado el paso.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 25 de julio de 2019, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
