Cinque Terre

Angélica de la Peña

[email protected]

¿Para eso es necesaria una consulta?

Quienes leímos la ponencia del ministro Luis María Aguilar sobre si la petición de consulta popular que pretende el presidente para enjuiciar a los expresidentes desde 1988 hasta 2018 por presuntas acciones delictivas, está apegada a la Constitución o no, nos ilustramos con un análisis impecable. Entre otros considerandos, reconoce la legitimidad que tiene el presidente para solicitar una consulta. Sin embargo, otra cosa es la materia que caracteriza a esta consulta respecto de la cual concluyó que es inconstitucional.

(Por cierto, qué curioso: pese a todos los señalamientos de violaciones que endilga a estos expresidentes, nada le motivó para incluir también a Luis Echeverría, quien desde el gobierno emprendió una guerra sucia cuyas desapariciones forzadas de muchísimas personas aún no han sido aclaradas y sus perpetradores nunca fueron sancionados. Nomás para el anecdotario).

La ponencia del ministro Aguilar señala que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevén mecanismos suficientes para permitir que cualquier persona que tenga elementos para suponer la existencia de delitos, denuncie y con ello obligue legalmente al Ministerio Público a investigar y, en su caso, perseguirlos; por lo tanto, si ya está previsto en la Constitución a quiénes les corresponde hacerlo y tienen la facultad para atender las preocupaciones del presidente, resulta improcedente que se consulte. Nomás se trata de actuar ante la Fiscalía General de la República y ya.

Eso lo saben las y los abogados; aun así, la petición llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dijo la última palabra. Para nuestra sorpresa, escuchamos al ministro presidente, Arturo Zaldívar, argumentar en contra de la ponencia que señalaba que esa consulta es inconstitucional, y enfatizó que la consulta es constitucional. En esa votación fue acompañado por otras ministras y ministros para lograr mayoría.

Foto: Cuartoscuro

Luego vino la modificación de la pregunta, cuya redacción es tan general y puede ser aplicada a quien sea que, en vez de dar certezas, provocó una serie de elucubraciones respecto de que para no decirle “no” al presidente, le dicen que sí, pero luego le corrigen la pregunta para finalmente hacer imposible la concreción de los resultados de esa consulta o la consulta misma, porque hay quien dice que López Obrador la va a rechazar molesto porque le cambiaron su pregunta.

Analícese la pregunta aprobada para esa consulta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¿Cómo se emprendería el proceso de esclarecimiento? ¿A través de las instituciones judiciales encargadas de investigar y fincar responsabilidad penal? ¿Lo que pretenden las y los ministros está inscrito en la justicia transicional? ¿Y, para garantizar derechos de las posibles víctimas, se necesita preguntar en una consulta popular si se aplica la Ley General de Víctimas? A ésta, como a la anterior pregunta, se aplica los argumentos de la ponencia rechazada: la justicia no se consulta, como bien lo argumentó el ministro Javier Laynez.

La verdad: qué necesidad de darle vueltas para decirle no al presidente. No, señor presidente, su consulta es inconstitucional con todo y su pregunta original e incluso la que se corrigió. Y punto. Se hubiesen evitado las críticas de que la SCJN está a la orden del titular del Poder Ejecutivo federal, trastocando su equilibrio esencialmente independiente como Poder de la Unión. Nos hubiésemos evitado escuchar toda esa argumentación leguleya esgrimida al aprobarse la pretensión del presidente.

Finalmente, sobre las comisiones de la verdad: éstas se crean si hay voluntad política para garantizar su funcionamiento hasta las últimas consecuencias, y eso nada tiene que ver con lo que se integró para el caso Ayotzinapa porque, como hemos visto, no se ha avanzado; lo que ha hecho es reiterar lo que sabemos fueron las causas que motivaron la persecución de los estudiantes. La comisión debe actuar en consecuencia para que quienes dieron la orden de desaparecer de manera forzada a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos enfrenten a la justicia. Se necesita voluntad política para aplicar la ley, porque esa es la obligación que tienen quienes gobiernan.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password