Cinque Terre

Luis de la Barreda Solórzano

No le pidas a la realidad

Otros 24 inculpados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido recientemente eximidos por el juez primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. Se trata de 12 policías municipales de Cocula, nueve de Iguala, dos miembros de Guerreros Unidos y un exfuncionario de Protección Civil del estado de Guerrero. Así, suman ya 77 los procesados, de un total de 142, que han obtenido su libertad. Quedan en la cárcel únicamente 65.

El argumento que ha servido de base a las absoluciones es que las pruebas contra los inculpados fueron obtenidas ilegalmente, ya que las confesiones les fueron arrancadas mediante tortura. Como van las cosas, no es improbable que, a la larga, todos los inculpados sean absueltos, con lo cual el crimen masivo de hace cinco años, uno de los más espantosos de que se tenga noticia, quedaría totalmente impune: ni un solo individuo sería condenado.

Es paradójica la reacción de los padres de los normalistas y los activistas que los apoyan: siempre negaron la veracidad de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), y ahora que están viendo que los fallos judiciales también la refutan, protestan contra estos fallos. Entonces, ¿admiten que aquella versión es cierta?

La cantaleta de que fue el Estado —es decir, los más altos mandos del gobierno federal, incluso el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto—, voceada reiteradamente con vehemencia por padres y activistas, jamás ha tenido sustento en algún indicio mínimamente razonable, pero contribuyó decisivamente a generar una atmósfera propicia a que se descalificara en bloque toda la investigación llevada a cabo por el órgano federal persecutor de los delitos.

“Los promotores de que toda la acusación fue una patraña producto de torturas de la PGR fueron el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), los asesores legales de los padres de los 43 normalistas y las organizaciones políticas que hoy están en el poder. Ellos tenían la obsesión política de construir una historia para enlodar al Ejército mexicano, aun a costa de liberar a los culpables de la masacre”, advierte Pablo Hiriart (“¿Contento, profesor Ackerman?”, El Financiero, 6 de septiembre).

El Estado tenía que ser el culpable. Por eso se exigió que se permitiera buscar en los cuarteles del Ejército a los desaparecidos. Por eso se negó la posibilidad de que los cuerpos, o algunos de ellos, hubieran sido quemados en el basurero de Cocula, a pesar de que el prestigiado laboratorio de Innsbruck identificó los restos calcinados de dos de los desaparecidos.

“No le pidas a la realidad que te cumpla lo que te prometió el sueño”, dice el memorable aforismo de Mariana Frenk. Padres y activistas se afanaron en echar abajo la versión de la PGR, y ahora exigen que sea destituido el juez que la está aniquilando jurídicamente.

Desde luego que si hay elementos probatorios de que los inculpados confesaron bajo tortura, sus confesiones deben ser descartadas. Pero descartar las confesiones que se hubieran obtenido de esa manera no supone que deban desecharse todas las demás pruebas desahogadas durante la indagatoria o el proceso.

En el juicio llevado a cabo en Chicago contra ocho integrantes de Guerreros Unidos se presentaron como evidencias varios mensajes de Blackberry que ratificaban que los dirigentes de esa banda ordenaron la detención y entrega de los normalistas porque suponían o tenían información de que estaban infiltrados por la banda rival de Los Rojos.

El sentido de los mensajes es inequívoco: “Algunos (estudiantes) ya están con San Pedro”, “Ya les dimos trámite”, “No estuvieron los verdes (los soldados) ni los del estado (la policía estatal)” y “Nunca los van a encontrar; los hicimos polvo y los tiramos al agua”, son algunos de los que se exhibieron en ese juicio.

Alejando Encinas, subsecretario de Gobernación y quien preside la Comisión de la Verdad creada para el caso por el Presidente de la República, ha condenado con expresiones muy duras el fallo y deplorado “la podredumbre” del sistema de justicia (así, en su conjunto, como si la resolución hubiera sido dictada por todos los juzgadores). Pero él mismo y el gobierno al que sirve descreyeron la versión de la PGR. Justamente por eso se creó la Comisión de la Verdad.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 19 de septiembre de 2019, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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