La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.
La Comisión creada por decreto presidencial “con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad” (Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2018) ha sido llamada por los medios de comunicación, sin que se les haya corregido desde la Oficina de la Presidencia ni desde otra oficina gubernamental, Comisión de la Verdad, pero en ninguna parte del decreto se le denomina de esa manera, y sus características no son las de las comisiones de la verdad que se han integrado y han trabajado en varios países del mundo.
Esas comisiones —explica la ONU— se constituyen, después de una dictadura o un conflicto armado, para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a violaciones de los derechos humanos. Aunque no establecen responsabilidades individuales, sus investigaciones pueden reunir “evidencia útil para una investigación penal”. No se enfocan en asuntos particulares o en las circunstancias de un suceso específico, sino “cubren periodos más largos de abuso, que a veces duran hasta décadas”. La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.
La Comisión instituida en nuestro país para el caso Ayotzinapa no es una Comisión de la Verdad en virtud de que:
a) No se ha constituido después de una dictadura o un conflicto armado;
b) No se ha formado para investigar hechos ocurridos durante un lapso de varios años sino, como el decreto lo indica, para fortalecer el derecho de los familiares de las víctimas de conocer la verdad en un único caso: el de Ayotzinapa, que tuvo lugar durante unas cuantas horas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014;
c) No tiene siquiera la facultad de realizar indagaciones conducentes a aportar “evidencia útil para una investigación penal”. El propósito de su conformación es otorgar la asistencia que los familiares de las víctimas requieran ante la autoridad competente a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano a “un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”;
d) Es dudoso que sus integrantes gocen de excelente reputación profesional. Se indica en el decreto que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá celebrar convenios que permitan la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero ya tuvimos la amarga experiencia de la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que no aportó nada relevante a la investigación y, por el contrario, se empecinó, contra las evidencias científicas, en negar el incendio en el basurero de Cocula. Cosas veredes: el gobierno federal ha despedido y está despidiendo injustificadamente a decenas de miles de empleados públicos mientras se dispone a erogar millones de pesos para pagar a un grupo que no ha buscado la verdad sino el rédito político, y
e) No está garantizada su independencia total de cualquier interferencia política. Está presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y tendrá representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda. También la integrarán “los familiares de los estudiantes desaparecidos (¿todos los familiares, pues el artículo los así lo indica?) o quien ellos designen que los represente”.
Para que los familiares estén debidamente informados, ¿hacía falta crear esa Comisión? Para atar los cabos sueltos de la indagatoria, basta cumplir con la recomendación de la CNDH, la cual, como ha reconocido el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, es producto de un trabajo escrupuloso. Lo más importante de la recomendación es la advertencia de que no se han analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan, ni se ha solicitado el análisis correspondiente, que permitiría la identificación genética de personas cuyos restos fueron calcinados allí. Sería una prueba crucial. No se sabe que el fiscal general haya hecho la solicitud al prestigiado laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria. ¿Por qué?
