Una de los aspectos de Umberto Eco que más admiré fue su sinceridad implacable, lo que se valora más porque era alguien que equilibraba la erudición con la claridad de expresión.
Eco lamentaba que el advenimiento de las redes sociales dio altavoz a la estupidez. El italiano recordaba la época en que a un idiota o ignorante se le hacía callar en una cantina, para que dejara de propalar tonterías. Ahora, Twitter, Facebook y en general la Comentósfera digital son una suerte de plaza pública donde cualquier majadero opina lo que sea. Y no es que Eco estuviera en contra de la libertad de expresión, sino que defendía el derecho a la información y la libertad de pensamiento: tenemos derecho a recibir informaciones, datos veraces, a separar la paja del trigo, pero las redes dificultan esas acciones.
Y la reflexión de Eco viene a cuento porque la última decisión del Pleno de la Corte Suprema se convirtió en el pasto donde rumian todo tipo de semovientes, que mugen tonterías y lugares comunes.
Una de estas paparruchas recurrentes es la de la “politización de la justicia”: incluso algún comentarista de ocasión se aventó la pirueta charra de señalar a jueces constitucionales y a juzgadores políticos en la votación de la constitucionalidad de la consulta popular promovida por el presidente López Obrador.
Por ello, hay que recordar algo fundamental, básico para cualquiera que haya estudiado Teoría política o Derecho constitucional: toda justicia es política. Peor aún: la justicia que imparten los tribunales constitucionales siempre es política.
El problema no es que la jurisdicción sea política, sino que haga política antidemocrática, corrupta o infame.
Ilustracion de Marco Melgrati
La Corte Suprema de John Marshall era política (para más señas, nadie resuelve algo como Marbury v Madison si no juzga políticamente). Lo mismo puede decirse de las cortes presididas por Taft, Charles Evans Hughes o Harlan Stone (si no lo creen, recuerden que Roosevelt amenazó al tribunal supremo porque le bloqueaban las reglas del New Deal). Algo semejante puede decirse de las cortes encabezadas por Earl Warren (el mismo que dirigió la comisión que investigó el asesinato de Kennedy), Burger (que puso a Nixon en la antesala de la renuncia) o por el muy conservador William Rehnquist.
Explico la teoría, para que no salga algún tinterillo con pretensiones a rebuznar incoherencias: la función constitucional de los tribunales es revisar, controlar y limitar el poder del Ejecutivo y las legislaturas.
Supervisar y restringir el poder de un detentador tan fuerte como el presidente del país es, por supuesto, una acción política.
Planteado en pocas palabras: la Corte hace política al revisar la actuación de los otros dos poderes y autoridades.
Cuando esa política extiende la vigencia efectiva de los derechos humanos y limita el ejercicio arbitrario del poder, es pertinente y de carácter democrático. Si, por el contrario, facilita el abuso de poder por parte del Ejecutivo, es una política autoritaria y contraria a la democracia.
Entonces, lo que hicieron Luis María Aguilar, Norma Piña, Javier Laynez, Fernando Franco y Jorge Pardo Rebolledo es buena política judicial, garantista y protectora de los derechos fundamentales.
Por el contrario, Arturo Zaldívar, Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán perpetraron mala política, una vil y contraria a la efectividad del control del poder público.
En la realidad no existe el Derecho químicamente puro. Los planteamientos de Kelsen sirven para estudiar lógicamente el Derecho, pero él mismo reconoce que no son herramientas para explicar el porqué del sentido de las sentencias en los casos difíciles, ni son útiles para definir las razones por las que una corte es garantista o amiga del autoritarismo. Esa dilucidación le toca a la Sociología, la Ciencia Política, el Análisis Económico del Derecho o al análisis cultural.
A los jueces que votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta popular de López se les puede calificar de otras cosas: por ejemplo, de canallas, serviles e indignos. Pero cuestionarlos por hacer política es una tontería.
De hecho, la Corte sería más efectiva si dejara la gazmoñería y reconociera que abandera una determinada posición sobre los asuntos centrales del sistema mexicano. Precisamente la nominación de Amy Coney Barrett para ocupar un asiento en la Corte Suprema de Estados Unidos es porque su perfil conservador permitiría que Donald Trump alcanzara uno de los anhelos de su clientela electoral: la revocación de la decisión Roe v. Wade que despenaliza el aborto y que fue atenuada en el caso Planned Parenthood v. Casey. Precisamente porque las cortes hacen política, la definición de los derechos fundamentales varía conforme al pensamiento, ideología, cultura y valores de los juzgadores.
Entonces, haz el favor de no salir con baladronadas como que en la Corte Suprema hay jueces constitucionales y jueces políticos.
Si te repugna lo que hizo la mayoría del Pleno en la decisión de la consulta popular, llama con precisión a esos ministros: son lacayos del presidente, poco democráticos, no garantistas, amigos del autoritarismo o simplemente inservibles para la ampliación de la vigencia de los derechos de la gente. Actuar en sentido contrario que ellos también es política…
