jueves 28 marzo 2024

Los negocios privados de los servidores públicos

por Jesús Ortega Martínez

Este lunes 26 de octubre, López Obrador resaltó, en su diaria escaramuza, un peculiar mensaje acerca de que su gobierno “no apoyará a ningún negocio privado”, ello debido, a que tanto el presidente como sus allegados -justifican-  “son servidores públicos”, y para rematar tan descabellada tesis, termina declarando “que el gobierno sólo apoyará los negocios públicos”.

Esta declaración denota -en el mejor de los casos- una terrible ignorancia en conceptos de teoría política sobre el Estado y el Contrato Social, o -en el peor de los casos- la tal declaración, significaría una ominosa advertencia de que en su condición de servidor público, el presidente podría terminar con “todo negocio privado en México”

Jean Jacques Rousseau, pensador de los más relevantes de la modernidad y personaje central para la creación del liberalismo como teoría política, escribía:  “lo que el hombre pierde por el contrato social (en el seno del Estado) es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que intente y pueda alcanzar. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee”

Este concepto eminentemente liberal, ha sido utilizado por muchos dictadores para tratar de legitimar la cancelación de libertades y derechos de la ciudadanía, como lo es poseer un patrimonio familiar y las propiedades legítima y legalmente obtenidas. Lo que AMLO dijo el día lunes pasado, es uno de esos intentos para terminar con este derecho y hacerlo sustentado en la peligrosa mezcla del autoritarismo con la ignorancia. De esa mezcla surgen los déspotas bárbaros

Con esas maneras, pretende López Obrador, justificar el derroche de miles y miles de millones de pesos para “apoyar el negocio público” de la construcción de una refinería en Tabasco, que en causa de su inviabilidad económica y financiera, ya se encuentra condenada al fracaso, pero que, además, arrastra a la quiebra a miles y miles de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cuyos propietarios y empleados, serán enviados al desempleo y la pobreza.

Hay que rescatar a Pemex pero no a costa de empobrecer a la gente.

Otro “negocio público” que utiliza una parte muy significativa de los recursos fiscales, es la Comisión Federal de Electricidad, la cual, tanto López Obrador como Manuel Bartlett, pretenden rescatarla a costa de venderle energía cara a usuarios que en su gran mayoría son empresarios pequeños y medianos y a otros, que son los usuarios de electricidad para fines domiciliarios. Pero aparte de producir energía cara, sus plantas generadoras de electricidad son altamente contaminantes.

¿Cuál es el argumento del presidente para continuar con esta barbaridad?

El fin de semana pasado, dijo en Coahuila, que el gobierno construirá una nueva carboeléctrica para “comprarles carbón a los trabajadores”. ¡Esto es simplemente absurdo!  debido a que tres son las grandes empresas mineras que aportan el 98% del carbón que se utiliza en las dos plantas ya existentes, y un porcentaje muy pequeño, casi insignificante, es el que aportan miles de “poceros” y que concentra la empresa de Armando Guadiana, senador del partido Morena por el estado de Coahuila. Los poceros son personas pobres, que sin concesión del Estado, escarban en la tierra, hacen un pozo, y mediante rudimentarios malacates o con cestos en la espalda, extraen kilo por kilo el carbón que a precios ridículos venden a Guadiana y a otros miserables acaparadores que explotan el rudo y peligroso trabajo de los mineros pobres del carbón.

Argumentar que con el carbón que extraen los poceros se alimentará la tercera carboeléctrica, es mentiroso, y más bien es un pretexto para seguir entregando recursos fiscales al “negocio público” que dirige el empresario privado de nombre Manuel Bartlett

La empresa privada de Guadiana y las enormes mineras de carbón, con el que alimenta CFE las carboeléctricas no serán molestadas aun sean privadas y obtengan impresionantes riquezas contaminando las ciudades, los pueblos, las villas.

Este es uno de los tantos casos de servidores públicos que al amparo del poder pueden hacer redituables negocios privados.

 

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