Napito huye de México hace 12 años porque el 19 de febrero de 2006 una explosión mató a 65 en la mina de carbón Pasta de Conchos, y la seguridad de los mineros corría a cargo de un convenio de protección que generaba ganancias al sindicato que encabezaba.
La justicia le fincó 11 órdenes de aprehensión por su responsabilidad en el desastre y el desvío de 55 millones de dólares de los mineros. Con una ficha roja de la Interpol encima, escapó a Vancouver.
Al igual que pasa hoy con una docena de exgobernadores priistas bajo proceso judicial, casi todo México consideró a Napito un bandolero, aunque para AMLO es un perseguido y le regaló el fuero constitucional que le garantiza una senaduría y volver a México.
Desde la próxima Legislatura, sea quien sea Presidente de México, Napito estará aquí gracias a la facultad de AMLO de regalar fueros constitucionales, en su calidad de dueño de un partido en el sistema político, y a las instituciones que dice querer cambiar.
Pero ¿cómo es hoy la vida del Napito, que dice AMLO es perseguido? ¿Es como la de Leopoldo López, el opositor al chavismo, condenado a prisión por dar discursos y publicar tuits, y a quien concedieron tres horas para defenderse, sin abogados ni testigos?
No. Napito es un perseguido de terciopelo que se compró en Vancouver una residencia de 1.8 millones de dólares, donde recibe cada mes más de cien mil dólares que le llevan sus testaferros desde México, en fajos de nueve mil, para no rebasar los 10 mil permitidos por la ley aduanera.
AMLO tiene una opinión sobre Napito, diferente a la de los familiares de los mineros muertos que lo consideran un criminal y ladrón del dinero con el cual debía mantener la seguridad de Pasta de Conchos: “Como líder social, Napoleón Gómez Urrutia es un perseguido”.
Pero AMLO se diagnosticó a sí mismo que está “rayando en la locura”: así como dice una cosa, dice otra, y tiene en su equipo a dos que antes condenó en la picota pública como ladrones de elecciones a la izquierda.
Uno es su senador actual Manuel Bartlett, a quien acusó de robar la elección presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, desde su cargo de secretario de Gobernación; y otro es su futuro senador Germán Martínez Cázares, que se la robó a él en 2006, como representante del PAN en el IFE.
Pero lo de bandolero no se lo quita nadie a Napito, de acuerdo con sus propios excómplices: un reporte del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico-Frente indica que adquirió casas para él y sus hijos en las Lomas y Tepoztlán, les hizo transferencias de recursos del sindicato…
Un bandido, pues.
Este artículo fue publicado en La Razón el 23 de febrero de 2018, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
