Cinque Terre

María Marván Laborde

Comisionada del IFAI

Muerte en el penal

Quedaron en Topo Chico 49 muertos producto de la reyerta. Con esta noticia sale a la luz la podredumbre del sistema penitenciario mexicano. Las autoridades locales simplemente están rebasadas. Topo Chico no es la excepción, a nadie tomó por sorpresa.


Ya en 2014 el relator especial de la ONU sobre tortura había advertido que ese penal era una bomba de tiempo. Vale decir que este informe hace un diagnóstico donde diferencia las cárceles del país, reconoce buenas y malas prácticas, advierte de riesgos. Seguramente el informe durmió el sueño de los justos en el escritorio de varios burócratas.


A mediados del año pasado se fugó de la “cárcel más segura de México” el criminal más peligroso. En algún momento el equipo de Joaquín Guzmán logró hacerse de los planos del penal. Hasta hoy no se ha hecho público cuando la Secretaría de Gobernación perdió control sobre los planos ni quién era el funcionario responsable de su custodia.


Cuando estallan escándalos de esta dimensión, voceros de todos los partidos políticos en los congresos locales, en el Congreso de la Unión, en los noticieros nacionales se aprestan a hacer leña del árbol caído. Todos parecen tener a quién culpar. Se encarcelan algunos funcionarios que pueden ser al mismo tiempo culpables y chivos expiatorios. El tema queda ahogado en el siguiente escándalo y nadie asume la responsabilidad de buscar soluciones de fondo.


No puedo olvidar un recurso de revisión (RR 3571/2009) que nos tocó resolver siendo yo comisionada del IFAI. El solicitante pedía nombre y expediente médico de los reclusos muertos en la cárcel de El Altiplano en un determinado periodo de tiempo. También había habido una riña y algunos de los muertos eran atribuidos a ésta. La autoridad entregó el número de fallecidos, 17, lo demás lo clasificó bajo el argumento de la protección de datos personales.


Discutimos y estudiamos, ¿qué debería ser público?, ¿qué información debería ser reservada? ¿Qué protección merecen los reclusos? Establecimos diferencias entre vivos y muertos, sentenciados y no sentenciados. Fue un recurso difícil que acumuló dos votos disidentes. Uno de ellos negaba toda la información. El otro consideraba que se debían entregar tanto los nombres de los condenados como los expedientes médicos, sin que estos estuviesen relacionados entre sí; se deberían proteger, en su caso, los nombres de los no sentenciados para respetar la presunción de inocencia. Finalmente el solicitante tuvo acceso a los expedientes médicos y no a los nombres.


Aprendimos que en Estados Unidos las cárceles tienen página de internet y a través de ella hacen público el padrón de sus reclusos. Nombre completo, delito por el que fue sentenciado, condena impuesta, fecha de entrada, posible fecha de salida y si tiene o no derecho a libertad condicional. España tenía una política casi contraria, desde luego, no permite la publicación en páginas oficiales de internet de los nombres y condenas de los presos.


Si los 49 muertos son un dato escalofriante, más debería indignarnos la incapacidad de las autoridades para identificar a nueve de ellos. Nada revela más el desastre interno que la falta de un padrón de esa cárcel sobrepoblada. Aparentemente ni siquiera hay un registro que permitiera cotejar el rostro o las huellas digitales de los muertos.


Una cárcel vieja, sobrepoblada, diseñada para dos mil 500 presos en el que había sobrepoblación, según algunas fuentes periodísticas, hasta el doble, no hay certeza. Es sabido que en una cárcel sobrepoblada no puede mandar sino el dinero. Se impone la ley del más fuerte. Se vende la comida, la cobija, se compra el derecho a una cama y el derecho a la protección de uno de los grupos criminales dominantes.


A la luz de Topo Chico me parece que nuestra discusión de entonces podría parecer casi naïf, no puedo imaginar un preso mexicano reclamando la protección de sus datos personales cuando,  estando en manos de la autoridad, no tiene asegurado su derecho a la vida. Esta semana otra riña en Tamaulipas, ciertamente de una dimensión incomparable. ¿De dónde podrán venir los recursos que exige nuestro sistema penitenciario?, ¿cuántos muertos más hacen falta para atender este problema?



Este artículo fue publicado en Excélsior el 18 de Febrero de 2016, agradecemos a María Marván Laborde su autorización para publicarlo en nuestra página

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