Morena, su fideicomiso irregular y la coacción del voto en plena campaña
“Los partidos políticos no son parte de la beneficencia, buscan el poder político, por lo que llevar dinero o cualquier material a la gente, se considera en la ley una dádiva, lo que está expresamente prohibido por el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)”, sostuvo el consejero electoral Ciro Murayama durante la sesión del Consejo General del INE que ratificó la multa de 197 millones de pesos a Morena por la creación de su fideicomiso irregular.
El Movimiento de Regeneración Nacional no sólo vulneró la ley al crear el fideicomiso y no dar aviso al órgano electoral, la fuerza política número uno del país violó la ley por la forma en que ingresaron, sacaron los recursos y los repartieron.
El dinero, entregado supuestamente a los damnificados de los pasados sismos de septiembre, se distribuyó -según alega el partido- del 2 de octubre de 2017 a la fecha (17 de julio de 2018), es decir en plena campaña electoral.
Lo anterior no tiene otro nombre sino coacción del voto.
Así lo especifica en su artículo 209, párrafo 5, la LGIPE:
“La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto”.
Aunque previo a las sesión del INE, Morena evitó transparentar o dar explicaciones sobre el fideicomiso “Por los demás”, en un comunicado difundido este jueves por Horacio Duarte, representante de Morena ante el órgano electoral, aceptó supuestamente haber repartido el dinero en tiempos electorales. Escribo supuesto ya que, tal y como concluyó el INE, no existen evidencias de que el partido haya hecho las entregas.
Como se sabe, apenas ocurridos los sismos, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado, por acuerdo del Consejo Nacional de Morena, de conformar un fideicomiso para los damnificados. Desde entonces y hasta el pasado martes, de acuerdo con el propio partido, recaudaron 85 millones 359 mil 766.17 pesos.
Lo destacable entre sus alegatos es que señalan que desde el 2 de octubre de 2017 a la fecha (el comunicado está fechado el 17 de julio 2018) repartieron “de manera directa” 27 mil 288 “ayudas individuales” de dos mil 400 pesos cada una a damnificados de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y estado de México; lo que representa el 76.72% de lo recaudado.
La campaña electoral por la presidencia 2018-2024 inició el 30 de marzo y concluyó el 27 de junio, periodo en el que la ley prohíbe hacer “dádivas”.
Morena pudo renunciar a parte de sus prerrogativas y ayudar a los damnificados a través de un cause legal, en su lugar armó todo un esquema de triangulación.
Aunado a lo anterior, en el proyecto de resolución el INE identificó que al menos 3.2 millones de pesos fueron ingresados por empresas, entes que están impedidos para aportar recursos a los partidos. Lo que resalta que es que de las seis empresas que hicieron aportaciones al fideicomiso, una de ellas es proveedora del propio órgano electoral, COMERCIALIZADORA BIBI-EIT SA DE CV, que “donó” un millón y medio al fideicomiso.
Al mediodía de este jueves, López Obrador calificó la resolución del INE como una “vil venganza”, horas antes Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, dijo que era “una salvajada”. Ayer Horacio Duarte alegaba que sólo por el hecho de haya habido una filtración en los medios, no debía de discutirse el proyecto, sin embargo ninguno de ellos habla de evidencias, las que tampoco proporcionaron al INE. Corresponde al Tribunal Electoral analizar la impugnación de Morena, pero también al SAT, la PGR, la Fepade y a la Comisión Bancaria y de Valores investigar la triangulación de recursos que llevó a cabo el partido.