Cinque Terre

Rafael Hernández Estrada

[email protected]

Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.

La militarización sospechosa

¿Adónde lleva la creciente militarización del país emprendida por el gobierno federal? ¿Responde al naufragio y temprana decadencia de la estructura mal llamada los “servidores de la nación”, que estaba llamada a ser la protagonista de la transformación? ¿Es producto de la desesperación presidencial porque los resultados de la administración son raquíticos y el sexenio avanza hacia su final? O, ¿se trata de una reacción autoritaria por la inviabilidad de la reforma para establecer la reelección constitucional, que Andrés Manuel López Obrador acariciaba y se esfumó porque, en las pasadas elecciones, Morena y sus rémoras perdieron la mayoría relativa que ostentaban en la Cámara de Diputados?

La militarización arrancó aún antes de que López Obrador tomara posesión, cuando el 14 de noviembre del año 2018 anunció los ocho puntos de lo que llamó Plan Nacional de Paz y Seguridad. Justamente en el inciso b) del octavo punto, dispuso la creación de la Guardia Nacional, con carácter temporal, “como instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país”, según se dijo entonces.

La iniciativa correspondiente, que reformó diversos artículos constitucionales, fue promulgada en marzo de 2019. En esa ocasión, el presidente debió ceder y la Guardia Nacional quedó en el texto constitucional como institución civil, no militar, y no fue adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cosa que el gobierno burló pronto al incorporar a sus filas a marinos, soldados, y establecerle disciplina y mandos del ejército.

CIUDAD DE MÉXICO, 20NOVIEMBRE2021.- FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Con el tiempo, los hechos demostraron que la Guardia Nacional fue la punta del iceberg de un proceso en el cual la militarización de México se expandió a todo tipo de materias: la persecución de migrantes, el control de las carreteras, la construcción ferroviaria y su administración, los puertos, aeropuertos y la marina mercante, la navegación aérea, las aduanas, la distribución de gas doméstico, la banca de desarrollo y hasta las campañas de salud.

Pero no se ha quedado ahí, pues las recientes manifestaciones del titular de la Sedena son una incursión militar en la arena del proselitismo político-electoral a favor del presidente y su partido. Con su discurso en el acto conmemorativo del 20 de noviembre, el general Cresencio Sandoval no solo violó los artículos 41 y 134 de la Constitución, que disponen el principio de imparcialidad de los servidores públicos y les ordenan la neutralidad en las contiendas partidistas, sino que también violó el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, que prohíbe estrictamente a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos. A la vez, tal conducta se puede tipificar como delito electoral, de acuerdo con la Ley de la materia.

Es natural el planteamiento de las interrogantes con las que se inicia este artículo, si se observa a la creciente militarización en conjunto con otros elementos de la coyuntura política. Me refiero a la insistente polarización del discurso presidencial, su propensión a descalificar a las feministas, a las y los padres de los niños con cáncer, a los defensores de los derechos humanos, a los opositores y a gremios enteros como los médicos, los científicos, los abogados, arquitectos e ingenieros, etcétera; su cruzada contra las universidades, contra los órganos con autonomía constitucional, la vocación de control que pretende anular la separación de los poderes, así como la conducta presidencial de reincidente trasgresión de las leyes y de la Carta Magna (que ha llevado a calificar al inquilino de Palacio Nacional como un violador serial de la Constitución). A la lista, de por sí incompleta, cabe añadir el Acuerdo que publicó el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 2021, mediante el cual el presidente dispone que las obras y proyectos que él mismo califique como prioritarias quedan exentas de permisos administrativos y ambientales, además de que será reservada su información.

Considerando el contexto descrito, es también pertinente cerrar estas líneas con otra pregunta, la cual expresa una preocupante hipótesis: ¿será que el empoderamiento de los militares que lleva a cabo López Obrador tiene como fin defender su proyecto transexenal hasta el grado de un autogolpe de Estado?

Cincelada: No es del género periodístico la entrevista a Claudia Sheinbaum en El País Semanal. Se trata de un infomercial, publirreportaje, gacetilla o embute con cargo al erario.


Twitter: @rafaelhdeze

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password