Cinque Terre

Carlos Matienzo

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Politólogo por la UNAM y Maestro en Administración Pública con especialización en Seguridad por la Universidad de Columbia, Nueva York. Especialista en temas de seguridad y gobernabilidad. Twitter: @CMATIENZO

Militarización: No cantemos victoria

El Senado finalmente aprobó un dictamen de Guardia Nacional que corrige la riesgosa propuesta del presidente de la República. No cabe duda, se trata de un respiro, una bocanada de sensatez, en medio de un errático y terco inicio de sexenio. Es un triunfo de la sociedad civil y una muestra de vida en la oposición partidista. Sin embargo, no podemos pecar de inocentes: la militarización está en la cabeza del presidente.

En primer lugar, corremos el riesgo de que la Guardia, con el supuesto mando civil, termine por ser una simulación. El periodo transitorio de 5 años para su creación -prácticamente lo que resta del sexenio de Obrador- legaliza la presencia militar en tareas de seguridad pública y le permite al presidente en la práctica aplicar exactamente la misma estrategia que tenía pensada para la Guardia Nacional con mando militar.

Se supone que durante esos 5 años paralelamente se construirá esta nueva corporación, pero si en ese periodo es el Ejército quien encabeza los esfuerzos de seguridad reales, serán ellos también quienes tengan mano en la formación de la Guardia.

Tanto en las leyes secundarias como en su puesta en marcha -ahí donde el presidente no necesita negociar con la oposición- es posible que en realidad vivamos la militarización de la Policía Federal: nuevos mandos provenientes del Ejército, con una estructura regional espejada con las regiones militares, con formación castrense y fusión de la inteligencia civil y militar, además de algo que de hecho quedó en el dictamen: con miembros reclutados directamente del Ejército y la Marina.

Viviríamos pues, la conformación de una cuarta corporación de las Fuerzas Armadas que se sumaría a la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, pero que quedaría presupuestalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular tendría acaso un rol estratégico, pero no táctico y operativo, que es donde se jala el gatillo.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Existe además un hecho más sutil pero igualmente grave que el de la militarización como estrategia de seguridad. AMLO ha abierto la puerta para que las Fuerzas Armadas revitalicen su presencia en la vida civil del país. Lo mismo manejando el aeropuerto de Santa Lucía -que significa administrar sus recursos y adquirir sus ganancias-, que permitiéndoles realizar un negocio multimillonario al vender los terrenos de la base militar en Santa Fe para construir un desarrollo inmobiliario.

Se trata, como bien apuntaba el Dr. Claudio Lomnitz en un tweet, de “entregar a las fuerzas armadas pedazos de Estado que no le corresponden. Concesionar el Estado al ejército.”

Claramente el Presidente ha encontrado en los militares piso firme para navegar las tormentosas olas de un cambio de régimen. La principal preocupación de Obrador en estos primeros meses de gobierno ha sido cómo afianzar su poder. En el caso de las Fuerzas Armadas ha optado por la cooptación al otorgarles mayores márgenes de maniobra en materia de seguridad y de acceso a recursos públicos. Ha construido los cimientos de un amasiato con la cúpula militar para asegurar un gobierno sin sobresaltos.

En efecto, Obrador se habrá ganado el aprecio de esa cúpula militar que da la bienvenida a más poder y dinero, ¿pero a costa de qué?: de terminar con un longevo y eficaz equilibrio entre el poder civil y militar. AMLO no entendió que, si algo ha evitado sobresaltos militares en nuestra nación, es que las esferas de acción estaban bien delimitadas.

Pensemos en términos prácticos lo que significa esta creciente militarización. ¿Qué tan sencillo será para un ciudadano denunciar el abuso de las fuerzas militares ante un ministerio público? ¿A qué se expone un periodista que decida investigar irregularidades en la privatización de terrenos militares? ¿Qué nivel de transparencia podemos esperar en la administración del aeropuerto de Santa Lucía?

Si con los empresarios Obrador impuso su mano dura a costa de miles de millones de pesos al cancelar el Nuevo Aeropuerto, con el Ejército ofreció su mano blanda a costa de sacrificar espacios de control civil del poder público.

Darle poder al Ejército es sencillo, quitárselo, no tanto. Para muestra, Venezuela, cuyo inconstitucional régimen ya no se sostiene por la fuerza de los votos, sino de las armas.

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