Héctor Fernández Pedroza

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México: IV República

La marcha suave acaba de comenzar,
escucho el zumbido de los motores,
la gente sale a divertirse,
una cobra a mi izquierda,
un leopardo a mi derecha.

The Doors, Soft Parade

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

En el país de la indolencia, donde la inmoralidad ha adquirido carta de naturalización, se iniciaron este 1 de septiembre los trabajos del Poder Legislativo, de los diputados y senadores que acompañarán en la primera mitad al próximo gobierno federal. En palabras de quien se convertirá en Jefe de Estado, su gestión será un punto de inflexión de la historia patria sólo equiparable al Constituyente de 1917, a la Restauración de la República juarista y a la Independencia en 1821.

Para algunos entusiastas seguidores, se trata de retomar el proceso interrumpido en 1940 con la finalización del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Lo cierto es, si en verdad estamos ante el comienzo de una “cuarta transformación” de la nación mexicana, que sería la primera en ocurrir de forma pacífica, no antecedida por caos y miseria generalizada.

Además, el triunfo arrollador de AMLO –luego de dos intentos infructuosos– se ha traducido en un plus, en un enorme capital político de cara a los retos que dijo en campaña habría de enfrentar y resolver, dicho sea de paso, correspondientes a propuestas no del todo claras que ha venido manifestando por más de una década.

Propuestas, enmarcadas por un discurso político que trasciende la simple administración temporal del país, articulado en un eje principal: la regeneración de la vida pública.

La reivindicación ética de la política (su discurso contra la corrupción) entraña implícitamente la apuesta por una revolución de las conciencias, por una nueva forma de gobernar y de relacionarse entre la sociedad.

Su llegada al poder federal con tan importante estandarte representa per se un hecho inédito que a su vez conlleva a la enorme responsabilidad moral de cumplirla. En derecho, responsabilidad significa eso, la obligación de responder legal y políticamente por sus actos.

El nuevo gobierno erraría el rumbo al alentar una lectura equivocada de los recientes resultados electorales como el nacimiento de una “nueva cultura política” de la ciudadanía que participa y se organiza, como ya lo hacen diariamente muchos medios de comunicación. No nos engañemos, la ciencia política en el mundo ha demostrado fehacientemente que al carácter masivo del voto lo contrasta la imposibilidad de interpretar, en su dimensión individual y personal (libre y secreto), las prioridades por las que el ciudadano decidió votar. En otras palabras, cada voto no nos dice qué es lo que más demanda o pide su emisor: empleo, seguridad, educación, etcétera.

La democracia así funciona, y corresponde a la formación más votada y ganadora, gobernar de conformidad con sus propuestas iniciales y para todos.

Si bien el escenario es diametralmente diferente al que se encontraba hace casi un siglo al término de la Revolución, la situación actual con una alarmante descomposición del tejido social exige acciones contundentes, mas no improvisadas.

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

En efecto, la socialización de la violencia, junto al creciente número de muertes violentas en el país (2018 es el año con el mayor índice desde que se lleva el registro), aunado a varias decenas de miles de desaparecidos, es el mayor problema que debe preocupar a cualquier gobierno que se diga civilizado.

Por ello, no hay motivos ni datos objetivos que permitan el triunfalismo en momentos en que el Estado –en sus tres órdenes de gobierno– no es capaz de garantizar la más elemental de todas las funciones públicas, la seguridad pública. Si no fuera por la presencia de las fuerzas armadas (Ejercito y Marina), zonas del territorio del país serían ya testimonio del comienzo de un Estado fallido. El retorno o no de los militares a los cuarteles –lo ha comprendido por fin el futuro gobierno– no es un asunto académico.

Urge, junto a la entrega-recepción que ha iniciado entre los equipos de trabajo del saliente y del entrante gobierno, que la futura administración cuente con la información generada por el INEGI, SEGOB, INE, etcétera, para conocer cuáles son los valores de los mexicanos y cuáles son los niveles de creencia en las instituciones, en la legalidad y en la honestidad, con el objetivo de elaborar un programa integral que enfrente toda manifestación de violencia e ilegalidad, teniendo como palanca la educación formal y la unidad familiar.

La inédita votación de más de 53% a su favor, recordatorio de la época populista de los “gobiernos revolucionarios” antes de su derrumbe en 1982, no debe verse en absoluto como una amenaza del regreso del presidencialismo. Las condiciones jurídicas, sociales y tecnológicas lo hacen poco previsible: la trasferencia permanente de competencias –otrora presidenciales– a los otros poderes, la creación de órganos autónomos como el Banco de México, el INE, el INAI, etcétera; la existencia de organizaciones civiles y la multiplicidad de medios de comunicación (incluyendo las redes sociales); todos estos elementos, aun con sus deficiencias, representan en su conjunto garantías insuperables a la tentación autoritaria.

Por otra parte, la división de poderes (checks and balances) no debe servir de pretexto para que no se establezca coordinación entre los poderes legislativo y ejecutivo, necesaria para materializar los compromisos de reducción del aparato estatal y la austeridad hacendaria. Pues a diferencia del primer gobierno federal de la alternancia, el próximo gobierno contará con mayoría parlamentaria de la coalición por la cual compitió. El consenso y respeto de las minorías deben ser principios de la negociación, pero la voluntad de la mayoría de los representantes, su resultado.

Se tiene, por vez primera, la oportunidad de conciliar legitimidad y eficacia.

Para llenar de identidad y contenido al nuevo gobierno –y no solo de nombres y poses mediáticas–, es impostergable que antes de que entre en vigor, se aprueben reformas legales tendientes a reducir significativamente la alta burocracia e impedir que ningún cargo público supere en remuneración global (sueldos, salarios y prestaciones) a la del Presidente de la República.

Si interpretamos correctamente las directrices ideológicas del entrante gobierno, será cosa del pasado una de las máximas de la política mexicana, que es creer que para que las cosas salgan bien se necesita gastar mucho.

Dos de las reformas que deberán aprobarse en la legislatura que ha comenzado corresponden al fin del dispendio y privilegio del Poder Judicial de la Federación (incluyendo el fraude para obtener los cargos de jueces) y demás tribunales contencioso-administrativos, así como el redimensionamiento de los órganos autónomos.

Es verdad que el gobierno debe empezar con ordenarse, pero es fundamental, sintomático de todo gobierno de izquierda, definir su estrategia para combatir la evasión monumental a la hacienda pública por parte del gran capital. Antes de hablar de incentivos a los empresarios, hay que hablar de cumplir con las contribuciones en proporción equitativa, como lo ordenan la Constitución y las leyes aplicables.

Concluyendo, para que pueda funcionar una organización, y más tratándose de un país, es necesario el trabajo en equipo, no bastando buenas intenciones si no vienen acompañadas de acciones efectivas (normas) con consecuencias jurídicas. Creer que el voluntarismo de una sola persona podrá vencer los fueros y grupos de presión, legales y extralegales, significará dilapidar una etapa de inmejorables oportunidades.

AFP PHOTO / JACK GUEZ / Escultor: Gideo Amichay

Debe quedar como registro de la memoria histórica –veneno para oportunistas y cínicos– que más de uno de los que formarán parte del nuevo gobierno federal, nunca demostraron –en sus diferentes responsabilidades públicas– el más mínimo compromiso con los valores de honestidad y austeridad que promete llevarse a cabo; literalmente son caballos de Troya contra el proyecto reformador.

El tiempo apremia, toda vez que el gobierno de AMLO no durará exactamente un sexenio, pues con el propósito de estrechar el largo tiempo entre la elección y la toma de posesión a partir de 2024 el cargo presidencial comenzará el 1 de octubre, dos meses antes.

El voto de confianza, más no de esperanza, debe ser la divisa en la crítica especializada y periodística al futuro gobierno; hoy más que nunca se requiere que sea seria y propositiva, alejada del esquema perverso de “me pagas, no te pego”. Porque además existe el riesgo de que el Presidente de la República sea aislado de la realidad por un entorno de colaboradores, proclives al halago, a decirle todo amén, con tal de proteger sus intereses.

Desde este espacio, pretenderemos señalar los aciertos, fallas y asignaturas pendientes.

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