Cinque Terre

Leo García

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Diseño y coaching de estrategias para manejo de redes sociales. Experiencia en análisis de tendencias en línea.

México: el ciberregimen autoritario

Hasta hace unas semanas el fraseo pedía hablar en supuestos y con consideraciones de si se llegaba a concretar o no los afanes del régimen. Hoy ya no hay duda, México está en camino de ser un ciberregimen autoritario.

Para este momento ya está en vigor la ley que exige a las operadoras de servicio de telefonía móvil formar un padrón de usuarios que a la vez quedará a resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Reitero, con claridad, un padrón que registre los datos de los usuarios del servicio de telefonía celular, la mayor vía de comunicación, interacción social y consumo de servicios digitales. Hoy en día en México existen más líneas celulares activas que líneas telefónicas fijas.

Un padrón que debe incluir los datos biométricos de los dueños de una línea celular. Los datos biométricos son referencias estandarizadas de los seres vivos, en este caso de las personas usuarias del servicio, que son medibles y cuantificables, sobre las que se pueden aplicar técnicas para procesarlos como información.

No son cualquier tipo de datos. Los datos biométricos son parte de los datos personalmente identificables, es decir, los datos que identifican o describen a cada persona de manera única e individual. Si aún no suena suficientemente grave se debe considerar que además los datos biométricos por su naturaleza son intrínsecos a la identidad de la persona de quien se derivan.

En el manejo de datos personales requerir esta cantidad y naturaleza de datos para tener un servicio vulnera, por mucho, el principio de proporcionalidad: la información, en cantidad y tipo de datos de carácter personal que resultan realmente necesarios, justificados y relevantes en relación con las finalidades para las que se están requiriendo.

Una ley que le confiere una obligación a una institución que no está preparada para ejecutarla. El IFT ya ha avisado que no dispone del presupuesto ni recursos necesarios para cumplir de manera íntegra, confiable y segura, esta caprichosa y arbitraria decisión.

Un poco más. Una ley que exige el resguardo de algo que el régimen no tiene las capacidades ni las formas de garantizar que estarán seguros ni el verdadero uso que les darán.

Exigen un padrón de datos biométricos los que han sido víctimas de ataques de ransomware dos veces en Pemex, no han pagado, y los datos han terminado a la venta en la deepweb.

Los que ya tienen un préstamo del Banco Mundial para la implementación de la cédula de identidad digital¹.

Los que intentan ir progresivamente limitando el uso de efectivo mediante formas de pago digitales bancarizadas como el CoDi.

Los que ya en el presente gobierno en funciones han seguido operando plataformas de espionaje conocidas como lo es Pegasus. O nuevas, más peligrosas, más invasivas. El pasado 1º de diciembre Citizen Lab presentó su reporte de la plataforma Circles, el sistema ampliado y mejorado de NSO, los creadores de Pegasus. Circles, un sistema de espionaje de líneas celulares que no requiere de enlaces señuelo ni ninguna otra forma de contacto con el objetivo, víctima a espiar, sino que se vale de vulnerar la infraestructura celular, y que se confirma que ha operado en México².

Más recientemente la investigación que dio a conocer R3D y el periódico El País de cómo la Fiscalía General de la República ha adquirido y operado, de forma ilegal 99% de las veces, el sistema Echo que, a diferencia de Pegasus, este si realiza seguimiento masivo de usuarios de telefonía móvil y el sistema Geomatrix que realiza seguimientos masivos de usuarios de internet³.

Para estas alturas, resulta ingenuo no ver la escena de manera más amplia y comprar el discurso oficialista acerca de que se hace por seguridad. No se puede ver de manera distinta a que es una medida coercitiva para usuarios legítimos de un servicio adquirido y empleado de manera legal y, que queda lejos de desincentivar prácticas ilegales como las llamadas de extorsión, su uso en secuestros o cualquier otro tipo de uso de la telefonía móvil con fines ilícitos.

No es una medida que vaya a afectar a los reclusos que tienen a su disposición teléfonos y chips en considerable cantidad para hacer llamadas, sino que, al contrario, será un incentivo para que aumente aún más, la ya de por sí terriblemente alta, taza de robo de dispositivos móviles. Nada impedirá a los reclusos y demás bandas de criminales seguir teniendo a su disposición líneas móviles evadiendo el absurdo registro en el padrón.

Tampoco se debe perder de vista que para el momento del presente los afanes e intenciones de regulación de internet y las redes sociales siguen activos. Así, aunque no se concretarán en los términos autoritarios que están planteadas, bastaría que con justificación de cualquier pretexto legaloide, argumentando algún asunto de seguridad, requirieran a alguna de las empresas propietarias de las redes sociales y demás servicios de internet, el número de teléfono asociado a una cuenta y tener acceso a todos los datos asociados.

Ya se dijo, se tiene que repetir, que no quede duda: las propuestas y reformas del presente régimen tienen el tufo de buscar contener y, en su caso volver sancionable el discurso disidente, de coordinación y movilización social, siempre, como siempre, bajo el pretexto de la seguridad.

México toca a la puerta de ser un ciberregimen donde se justifica su actuar y afán de controlar al ecosistema digital y de comunicaciones dando, dicen, prioridad a la seguridad, siempre pasando sobre los derechos humanos, incluso los derechos reconocidos por la propia constitución.

Regulaciones que con el pretexto de la seguridad, actividades, mensajes y contenidos disidentes o de protesta pueden ser señalados como riesgos de seguridad, como participación en crimen organizado, que pueden ser señalados de cibercrimen, ciberespionaje, o cibersabotaje.

Un ciberregimen ya no solo se trata de convertir a la tecnología en una herramienta de gobierno, sino gobernar a través de la tecnología y a la tecnología misma.

No le interesa al régimen proveer los recursos necesarios para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y obligaciones plenos a través de las tecnologías de la información y comunicaciones, sino que están enfocando sus esfuerzos en convertirlas en instrumentos al servicio del gobierno para vigilancia y control social masivo.

Y pese a todo, aún hoy, necesitamos seguir haciendo red, mantenernos conectados.


1 World Bank Project : Mexico National Digital Identity System to Facilitate Inclusion – P172647

2 Running in Circles: Uncovering the Clients of Cyberespionage Firm Circles – The Citizen Lab

3 La Fiscalía de México ha contratado en los dos últimos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles | EL PAÍS México (elpais.com)

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