Los nuevos datos que pidió divulgar el presidente sobre los 43 de Ayotzinapa, sólo confirman lo que concluyó el gobierno de Peña: los mató el narco y los puso la policía municipal, de un alcalde de lo que hoy es el partido Morena.
Porque desaparecieron en Iguala, municipio gobernado por lo que luego de convirtió en Morena y, después, Morena debió sustituir a su candidato a gobernador en Guerrero, Lázaro Mazón, por sus nexos con la policía local, pues también había sido alcalde.
Peor: ya con Morena en el gobierno federal, fue liberado de la cárcel, por “falta de pruebas” El Gil, quien es el sicario que había sido señalado en el gobierno de Peña como el asesino de los estudiantes.
Sin embargo, en los nuevos datos que ordenó divulgar el presidente, es El Gil quien aparece como brazo ejecutor de los hechos. “Te mando a 21 para que los revientes”, le dice un policía municipal, y El Gil no sólo acepta, sino que le pide 17 jóvenes más.
Entonces, el gran hallazgo de la actual administración en el Caso Iguala es una noticia vieja de hace seis años, porque El Gil fue capturado en 2015. Lo nuevo es que la actual administración convirtió a El Gil en testigo protegido.
Es decir, el indicado por todas las pruebas como principal brazo ejecutor de la desaparición, es quien está ayudando al actual gobierno a seguir investigando algo que ya está más que claro: a los 43 se los entregó la policía municipal al narco y el narco los mató.
Pero es la marca de la casa: como en la investigación de la trama Odebrecht, en la cual el testigo protegido es Emilio Lozoya. O sea, el principal corruptor es el que está señalando a los corruptos, mientras está libre. Ni modo, así funciona la justicia en la 4T.
A siete años del Caso Iguala, se nota con claridad lo irresponsable que fue la promesa hecha, en campaña electoral, por el actual grupo en el poder a los padres: que sus hijos hasta podían estar vivos, o hallaría una verdad diferente a la del gobierno anterior.
Aunque no habrá jamás otra verdad que la conocida como “Histórica”: los fueron 43 secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan, por el Cártel Guerreros Unidos, al señalarlos como miembros del Cártel Los Rojos.
Hay que insistir en que, para llegar a esa conclusión, trabajaron cientos de policías, agentes, científicos, universidades y centros de investigación de México y el extranjero; y confesaron los propios criminales con lujo de detalles.
Lo más humano y, sensatamente jurídico, sería cerrar de una vez el Caso Iguala.
Y todos descansen en paz.
