Cinque Terre

Nicolás Alvarado

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Periodista

Más allá de la defensa del INE

Publiqué el post. Firme el desplegado. Compartí la liga. No porque crea que algo de ello pueda incidir sobre el comportamiento del presidente y su partido respecto al Instituto Nacional Electoral sino por razones acaso menos eficaces en lo inmediato pero más profundas.

Primero, por principios: porque me importa reconocerme en una postura que contribuya al prestigio del INE y a la reivindicación de su autonomía. Pero, después, en el ánimo de contribuir a una corriente de opinión favorable no sólo a esa institución sino al conocimiento y el aprecio de la existencia de órganos autónomos que actúen con independencia de los Poderes de la Unión, y particularmente del Ejecutivo. Lo que suscribo a propósito del INE vale también para el INAI igualmente amenazado, para la CNDH ya cooptada, habría debido valer para el CONAPRED si hubiera llegado a ser el órgano autónomo que un día soñamos quienes lo fundamos, y no la oficina gubernamental que quienes heredaron su control político permitieron que deviniera (y que, a la postre, derivó en su uso político en una administración priista y en su desmantelamiento de facto en una morenista).

Atendido lo importante (que va primero) paso a lo urgente. A nadie debe llamar a escándalo la anulación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por razones administrativas (al no reportar sus actos y gastos de precampaña, violó la Ley: mal haríamos en pensar que un posible gobernante puede contender a orondo margen de la legalidad). En cambio, debería concitar nuestro azoro que esa candidatura haya podido llegar hasta ese punto, lo que no es culpa del INE sino de la Ley. ¿Es concebible una legislación electoral que permita contender por un cargo de elección popular a una persona sobre la que penden acusaciones penales? ¿Es recomendable una figura de inmunidad constitucional que permite que un ciudadano permanezca impune por décadas escudado en la inmunidad constitucional que le confiere el fuero? La ocasión se antoja propicia para discutirlo, y para propiciar las reformas constitucionales y electorales que eviten que un caso como el de Salgado Macedonio vuelva a producirse.

Pintor Omar Ortiz. “Manos Pintura Óleo”

Urge una legislación que dote a la autoridad electoral de dientes para impedir que presuntos delincuentes (sexuales, de género o de cualquier otra índole) accedan a la representación popular. Tranquiliza que ese señor no pueda ser gobernador; preocupa que la razón para ello no sea su condición de presunto violador. (Me pondré el birrete de abogado del diablo, además, para argumentar el caso desde el lado del acusado: privado por el fuero de debido proceso, Salgado Macedonio ni siquiera puede demostrar su improbable pero en todo caso posible inocencia ante un tribunal; sin un juicio justo para él como para sus presuntas víctimas, mora en el imaginario público como un paria social sobre el que el aura del violador penderá por siempre.)

Éste debería ser uno de los puntos clave de la agenda de la próxima legislatura. No lo será. De entrada porque está anunciado ya un conflicto poselectoral a menos que Morena y sus aliados retengan la mayoría en el Congreso: el discurso del presidente, el asesinato caracterológico del muy probo y lúcido y respetable Lorenzo Córdova en las redes sociales, el despliegue propagandístico de plumas filogobiernistas –incluida la de un poderoso empresario cercano al poder– anuncian ya lo que será un esfuerzo vigoroso de desmantelamiento del INE desde el Ejecutivo. Si pierden el control del Congreso, las oposiciones deberán concentrar gran parte de sus esfuerzos en defender la pervivencia de un órgano electoral autónomo; si lo conquistan por una nariz (lo que a estas alturas es el mejor escenario posible) deberán concentrarse en enfrentar la fuerza toda de un Estado que se empeñará en destruir la legitimidad de su triunfo.

Este 2021 no habrá ganadores. Cuando nuestro voto cuenta para la Ley pero no para la narrativa, perdemos todos.


IG: nicolasalvaradolector

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