Los debates públicos como el que abre la Corte sobre la despenalización de la mariguana, son reveladores porque desnudan la ruptura de valores ycortoscircuitos entre el discurso de autoridades y reclamos de la sociedad. Se desvelan prejuicios y morales, así como la presunción y vana opinión que algunos gobernantes tienen de sí mismos. Traslucen visiones de las instituciones hacia los ciudadanos y, de éstos, hacia ellas. Abren huecos donde ven fisuras de confianza, pero también son aire fresco para conocer necesidades y razones para consensuar cambios. Cada vez se cree menos que la regulación sea negativa para la salud o genere más crimen y violencia.
Sí, la división de opiniones ha crecido notablemente en los últimos años, en paralelo a la lucha contra las drogas y el debate sobre la legalización en Estados Unidos. Ha ganado terreno en la opinión pública, a pesar de que gobiernos y partidos habían preferido silenciar y mantener lejos del posicionamiento público. O que, cuando se pronuncian, ceden a mensajes morales para sintonizar con reacciones conservadoras de sus electores. Es un tema incómodo o son “cortinas de humo”, como dijera Andrés Manuel López Obrador, e incluso “ocurrencias” de los ministros de la Corte como “alcahuetes” de Peña Nieto y de la “mafia del poder”. Si unos descalifican el debate como opúsculo de conspiración eterna o acusan manipulación con asuntos que “dan igual”, otros llaman la atención sobre el Apocalipsis de una decisión errónea del máximo tribunal. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, advirtió del aumento de la población en siquiátricos, porque el que toma droga “se vuelve loco”. El consumo, dijo, ha crecido por la permisividad de autoridades laxas y sentenció que el país no está preparado para reconocer el derecho de autodeterminación sobre el consumo, como propone el dictamen del ministro Zaldívar.
Alejado de esas visiones paternalistas y consideraciones de una ciudadanía menor de edad, el consenso ha subido notablemente en el último año, para fines lúdicos y especialmente medicinales. De acuerdo con la última encuesta de BGC-Excélsior, el rechazo a la despenalización ha caído ocho puntos desde 2014, hasta reducirse a poco más de la mitad el porcentaje de mexicanos que expresan desaprobación, alrededor de 56 por ciento. Los porcentajes para fines médicos superan el 80 por ciento.
Aunque la protección de derechos no debe someterse a plebiscito ni decidirse por encuestas, las preferencias reflejan cambios en valores y discrepancias con las políticas de salud, seguridad y drogas, que son transversales al prohibicionismo. A los mexicanos parece convencerles cada vez más la inutilidad de castigar la mariguana y permitir otras sustancias tan dañinas como alcohol o tabaco, e incluso prohibir el consumo de medicinas contra enfermedades degenerativas como cáncer, epilepsia o esclerosis. Tampoco están de acuerdo en encarcelar a portadores de dosis menores, como ocurre con narcomenudistas y pese a que la ley no sanciona el autoconsumo. Y menos coinciden con la visión de que la regularización nos convertiría en un país “mariguanero”, como dijo el presidente del Conadic, Manuel Mondragón y Kalb, mientras que en Estados Unidos o Uruguay avanza la despenalización.
Sobre todo, este debate se da por la defensa que algunos ciudadanos han hecho del derecho a su salud, como los padres de Grace, con el fin de acceder a un medicamento para la epilepsia que padece su hija y el amparo de otros grupos que reivindican su derecho a la autodeterminación para el autoconsumo con fines lúdicos. El debate en la Corte es histórico y detonará un proceso de cambios en la política de drogas, porque responde a un reclamo de ciudadanos inconformes con las limitaciones y falta de garantías a sus derechos. Y que no ven reflejadas sus necesidades ni en el discurso de sus representantes ni en el inmovilismo del prohibicionismo.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 29 de Octubre de 2015, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
