viernes 29 marzo 2024

Mando Único: país dividido

por José Buendía Hegewisch

El silenciamiento de los grandes debates nacionales, como la reforma del poder presidencial, el modelo federalista o la autonomía municipal, refleja el temor a enfrentar la división y la falta de consensos sobre el futuro del país. Las discusiones se acallan porque revelan la fragmentación no sólo entre partidos, sino además entre niveles de gobierno, empresarios y trabajadores. Sobran diagnósticos sobre problemas, pero se opta por postergar mejoras y, en todo caso, buscar salidas subrepticias como, por ejemplo, con el Mando Único de policía en los estados. Alcaldías lo combaten, la Conago pide la reforma constitucional y la rebatiña electoral de los partidos lo congeló en el Congreso desde hace años.


La obstrucción del debate llega a derivar en crisis institucionales, como la reciente de Morelos por la insubordinación de alcaldías al Mando Único. Muestra que no hacerse cargo de las divisiones es infantilismo político. Éste el sabor del choque entre un alcalde que responsabiliza de su vida al gobernador y éste que lo acusa de vínculos con el narco, o un presidente municipal (Tlaquiltenango) que dice recibir amenazas de muerte por una controversia constitucional contra un decreto estatal. Aunque el enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírezhunde sus raíces en la negativa a discutir la autonomía municipal. El Congreso federal ha eludido el asunto desde el gobierno de Calderón. Pero en ausencia de reformas jurídicas e institucionales, el Mando Único ha avanzado en 17% de las alcaldías gracias a acuerdos políticos específicos que, como sucedió en Morelos en 15 de ellas, nuevos alcaldes quisieron desconocer.


El presidente Enrique Peña Nieto trató de relanzar la discusión por medio del decálogo sobre seguridad y justicia con que quiso responder al caso Iguala. También se congeló en el Legislativo por falta de consensos sobre reformas a la autonomía municipal y cambios en la distribución de competencias con el estado y la Federación. Ante posiciones reduccionistas y otras maximalistas en torno al tema, el asunto se archivó desde 2014 sin que el Congreso se haga responsable de la inacción cuando, por ejemplo, se traduce en la ejecución de otro alcalde como en Temixco, Gisela Mota, y amenazas a varios otros.


El Mando Único polariza. No hay consensos, ni un solo modelo; en algunas alcaldías se necesita por su debilidad institucional, en otras no, y en algunas estatales tampoco son garantía de nada por corrupción e ineptitud. La insubordinación de alcaldes en Morelos ocurre en un estado que lo aplica desde hace más de un año y tiene el cuarto lugar de incidencia en delitos de alto impacto; donde la fragmentación política es mayor. Once partidos que difícilmente se ponen de acuerdo y ninguno rebasa el 20% de la representación.


El cuestionamiento al municipio para ofrecer seguridad viene también desde el gobierno de Calderón, que optó por crear una policía federal de élite para enfrentar al crimen ante la insolvencia de las policías estatales y locales. Desde entonces, hay una “subversión” silenciosa para menguar poderes que los estados y municipios acumularon tras el fin del régimen priista en el 2000. El pacto federal genera desconfianza y, en la práctica, se revisan responsabilidades de gobiernos locales, pero sin la discusión nacional que amerita. Los nuevos vientos en el gobierno y los partidos soplan a favor de centralismo, pero no se reconoce por la culpa del recuerdo de sus excesos en el modelo autoritario del siglo pasado.


El hecho es que los problemas no desaparecen por dejar de discutirse. Con el asesinato de Gisela son ya 78 funcionarios municipales ejecutados en la última década como prueba irrefutable de la vulnerabilidad y el alto riesgo que implica ocupar el cargo, así como de las limitaciones del municipio para cuidarse a sí mismo y a sus gentes.

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