Una investigación periodística de El Sol de México reveló que la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, tiene siete familiares laborando en la Administración Pública Federal. Así como se lee. En cualquier país democrático una situación como esta habría sido un enorme escándalo en los medios y también habría provocado la renuncia de la secretaría, pero en nuestro país los medios de comunicación convencionales, salvo pocas excepciones, no le dieron relieve a la información y, además, el gobierno no acepta una sola irregularidad y sólo acusa a quien denuncia de formar parte de alguna confabulación, defender intereses o ser parte de la mafia que estuvo en el poder.
Pero el “no pasa nada” frente a aquella irregularidad y otras tantas que se han acumulado es engañoso, primero porque las redes sociales dan importancia a esos temas y los usuarios en Twitter y Facebook suman al menos 18 millones y, segundo, porque a través de esos vasos comunicantes cada vez más amplios sectores de la sociedad se dan cuenta de la demagogia y la ineficacia del gobierno, que está teniendo efectos enormes en la calidad de vida. Y, más aún, suscita el enojo por la distancia existente entre el dicho y el hecho en distintos órdenes de la vida nacional.
Ejemplos hay muchos, entre ellos, la supuesta “curva aplanada” de la pandemia frente al aumento de fallecimientos y contagios por coronavirus en el país; la prédica del presidente quien afirma que terminó la corrupción, y los contratos del IMSS al hijo de un alto funcionario del gobierno, Manuel Bartlett (que ya canceló precisamente por la presión social); o la encíclica de la pobreza y la austeridad en contraste con la vida de lujo de altos funcionarios y amigos del presidente, como Olga Sánchez Cordero y Ricardo Salinas Pliego, y aun la vida del mismo titular del Ejecutivo, situada en un palacio.
Y el más reciente: el doble discurso de la responsabilidad social que todos debemos tener frente a la pandemia y Luisa María Alcalde paseando en un supermercado sin cubreboca es otra contradicción entre el discurso oficial del uso obligatorio del cubrebocas en CDMX y la funcionaria que está obligada a cumplir con tal disposición. María Alcalde, por cierto, cada semana informa sobre las empresas que incumplen con las medidas de protección frente a la pandemia. Eso es una vergüenza.
