¿Por qué los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados el 26 de septiembre de 2014 a la ciudad de Iguala? ¿Por qué precisamente los alumnos de primer grado? Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se han interesado demasiado en responder estas preguntas, no obstante que en las respuestas está el origen de los hechos espantosos de aquella fecha.
En cambio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dedica decenas de páginas en su recomendación sobre el caso a tratar de desentrañar esos porqués: las razones que llevaron a los alumnos a Iguala. “Todas estas preguntas (las señaladas en el párrafo anterior) formuladas por algunos de los familiares de los desaparecidos deben, invariablemente, tener respuesta en la investigación practicada por la PGR”.
Con el propósito de acercarse a las respuestas, el imponente documento de 2,187 páginas se remonta al origen, la índole y aspectos relevantes del funcionamiento de las escuelas normales rurales. La recomendación revela que la organización de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sometía a pruebas agobiantes a los aspirantes mientras los adoctrinaba en nociones de marxismo elemental. Incluso podía decidir sobre su admisión.
Con frecuencia, en el patio del plantel había camiones tomados sin que el director pidiera a nadie explicaciones al respecto. Como en todo el estado de Guerrero, en la escuela era intenso el tráfico de drogas —con la complacencia de los directivos escolares— y había un alto índice de adicción. No obstante que se trata de un internado, los alumnos entraban y salían de las instalaciones libremente. Los estudiantes de primer ingreso con frecuencia tenían que cumplir misionesencargadas por la organización estudiantil: toma de camiones, boteos (recolección de dinero en un bote realizada en la vía pública), etcétera.
En el expediente de investigación de la CNDH hay testimonios que involucran a alumnos de la Normal o a familiares de ellos en actividades relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, hay referencias constantes y reiteradas de que el día de los hechos los normalistas iban infiltrados por gente armada, tal vez integrantes del grupo Los Rojos, enemigos acérrimos de Guerreros Unidos y de Los Ardillos en la disputa por el mercado, los territorios y las rutas del narcotráfico, disputa en la que las diferentes bandas actuaban en connivencia con autoridades y cuerpos policiales. Algunas evidencias son inquietantes.
Aproximadamente a las 17:30 horas del 26 de septiembre, un líder estudiantil les indicó a los conductores de dos autobuses y a los estudiantes de nuevo ingreso que se alistaran porque iban a secuestrar autobuses a Iguala. De los cinco vehículos involucrados en los hechos, sólo de los dos que partieron de la Normal de Ayotzinapa se sacó a quienes iban a bordo. En ese par de camiones se focalizaron los ataques.
Otro de los líderes estudiantiles mintió acerca de su ubicación en la tarde y la noche del 26 de septiembre. Declaró en algún momento que aproximadamente a las tres de la tarde salió de la Normal rumbo a Chilpancingo a “compras de aseo personal”, y permaneció allí hasta las 21 horas; pero en su primera declaración había manifestado que formó parte del grupo de estudiantes que de la Normal salió rumbo a Iguala y que fue objeto, junto con sus compañeros, de los ataques. Ninguno de los estudiantes que viajaron en los dos autobuses lo ubicó a bordo de alguno de éstos. Al iniciarse la agresión ya estaba en Iguala, pero hasta las 23:30 horas se presentó en el lugar de los hechos “en apoyo de sus compañeros”.
Las evidencias recabadas —mencioné sólo algunas por razones de espacio— deben ser analizadas por la PGR, dice la CNDH, para determinar si en efecto hubo infiltración de miembros de Los Rojos en el grupo de normalistas que hizo presencia en Iguala, y si éstos fueron identificados o confundidos con integrantes de ese grupo criminal. Pero enfatiza que todos los desaparecidos de nuevo ingreso“son víctimas de los hechos y de las circunstancias”. Nada justifica “que hubieran sido identificados… como miembros de alguna organización criminal”.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 13 de diciembre de 2018, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
