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Fernando Dworak

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Los ex presidentes como distractor fácil

Por sexenios los ex presidentes eran un problema político que debía ser atendido al inicio del mandato del nuevo presidente. En un sistema político donde las lealtades ser orientaban a quien podía repartir cargos, solía haber un vacío de poder entre los ejecutivos salientes y entrantes en los primeros y últimos años de cada mandato. De esa forma se debía actuar rápido y dar algún golpe de autoridad para que el recién llegado se consolidase en el poder.

Gracias a ello el ex presidente también se convertía en una persona indeseable políticamente y en no pocas ocasiones sufrió hasta el exilio. A menudo también se convertían en una especie de chivo expiatorio, al que se le hacían máscaras o se le dirigían todo tipo de maldiciones. Conforme el sistema político ha ido concretando instituciones más o menos sólidas, se volvió innecesario condenar a un ejecutivo saliente, e incluso muchos de ellos han formado parte de la vida pública.

Sin embargo, todo parece indicar que aún existe cierta tendencia a ver a los ex presidentes como chivos expiatorios en la medida que López Obrador explotó el tema durante su campaña el año pasado. Y claro, siempre es más fácil mover vísceras que presentar plataformas claras. Por ello atrajo muchos más votos un tema chatarra como eliminar las pensiones en lugar de, digamos, el ingreso básico universal.

Aunque la pensión presidencial es poco defendible con ex mandatarios que terminan sus gobiernos relativamente jóvenes, la medida como se tomó era arbitraria y tenía dejo de venganza. También se ha amenazado con el juicio a Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto como distractor. Y recientemente López Obrador ha vuelto a tomar el tema, ahora señalando las asesorías que Ernesto Zedillo y Felipe Calderón brindan a compañías que presuntamente se beneficiaron durante sus sexenios. ¿Es malo? ¿Qué deberíamos observar?

En todos los países es un problema público regular lo que se conoce como “puerta giratoria”. Se usa el término de manera coloquial para el hecho de que un algo cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo el beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público. Es decir, es el movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa.

La forma de regular este potencial conflicto es obligando al ex servidor público a no tomar empleo alguno en el sector privado, dejando que pase un periodo de entre uno a cinco años después de dejar el cargo, según la normativa de cada país. De esa forma el conocimiento privilegiado que la persona puede tener desaparece, quedando sólo el posible expertise.

En México no teníamos una norma clara en materia de puertas giratorias hasta 2016, con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, que además los obliga a transparentar ingresos, patrimonio e intereses. ¿Cómo leer las acusaciones de López Obrador contra los ex presidentes? Si bajo esta norma no hay conflicto de interés y en el caso de Ernesto Zedillo no se puede aplicar una ley retroactivamente en perjuicio de una persona, el recurso que le queda al Ejecutivo es la falacia: no son éticos esos contratos, producto de favores asumidos.

Lamentablemente hay quienes no sólo compren este tipo de falacias, sino que al momento de hacerlos sean indulgentes con verdaderos problemas de conflicto de interés, como enviar una terna de candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ese tipo de problemas. Creer que las conferencias mañaneras son sustituto de políticas de transparencia que tanto costó aprobar e instrumentar.


Este artículo fue publicado en Indicador Político el 7 de febrero de 2019, agradecemos a Fernando Dworak su autorización para publicarlo en nuestra página.

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