Los hay (y las hay) que llevan meses en prisión aunque no hayan sido todavía juzgados y menos sentenciados. Los hay que enfrentan procesos similares pero, primero, desde la comodidad de una suite hospitalaria –en todos los sentidos del término– y, después, desde casita, sin mayor contratiempo que el que supone enviar cada tanto un correo electrónico a guisa de firma en el libro de procesados. Y los hay a quienes –ni siquiera por delitos similares sino por los mismos– se concede una suspensión definitiva que los protege de ser citados a comparecer, ver confiscados sus bienes o judicializada su carpeta de investigación. Esto por lo que toca a los presuntos corruptos del pasado; de los presuntos corruptos del presente ni quien se ocupe.
Las contrataciones de publicidad oficial son exhibidas, señaladas, condenadas, rociadas con tufo a corrupción. Pero sólo las que beneficiaran en sexenios anteriores a medios adversos al régimen actual. De lo que hoy facturan al gobierno federal por ese concepto La Jornada, Grupo Radio Centro, Televisión Azteca o Televisa (es de sobrevivientes cambiar de opinión) no se habla, no es materia, no hay mácula. De hecho, los reeducados directivos de las televisoras son placeados por el propio gobierno, tenidos por héroes por cobrar la transmisión de un contenido de interés prioritario nacional –las clases a distancia– a través de las concesiones federales que administran y usufructan, y esto en el contexto de una emergencia sanitaria que afecta a todos los educandos del país.
El órgano electoral federal es parcial, dispendioso, trapacero, nulamente confiable. Hay que cuestionarlo y, si es posible, denigrarlo. Salvo cuando los resultados que arbitra favorecen al partido ahora en el gobierno: entonces se le otorga la concesión graciosa (y tácita) de haber hecho lo que no es sino su trabajo, si bien se salpimenta la declaración con alusiones a un triunfo tan contundente “que no pudieron hacer fraude”, donde el sujeto impersonal de ese hipotético fraude queda elidido para que las huestes cibernéticas mejor puedan colocar en su lugar ya las siglas del partido o combinación de partidos que mayor repulsión les cause, ya las de la propia autoridad electoral –aun cuando se trate de un órgano autónomo, cuyos consejeros resultaran de un proceso de selección consensuado entre todas las fracciones de la Cámara de Diputados y cuyas decisiones son argumentadas, democráticas y transparentes–, nomás por no dejar.
Pero aun este conservador que se resiste a los vientos de cambio que purifican el aire la República desde hace casi 20 meses deberá reconocer que en todos lados se cuecen habas. Por ejemplo entre aquellos que se asumen defensores del órgano electoral y de su consejero presidente a una ultranza que, sin embargo, sólo dura hasta que esa instancia toma una decisión adversa para su proyecto político. Entonces el funcionario mentirá (no se equivocará o habrá juzgado sin elementos o habrá omitido recurrir a una instancia verificadora de la información presentada: mentirá en redondo), y su presunta perfidia le valdrá hasta una mentada de padre (no por nada vivimos en una sociedad patriarcal, dirán las feministas radicales). ¿Que esa descalificación lastima la credibilidad del órgano electoral en vísperas de una elección sobre la que se ha sembrado duda incluso antes de comenzar el proceso, y que constituye hoy la única vía para habilitar un contrapeso real a las decisiones de un gobierno crecientemente autoritario, en el marco de la peor crisis sanitaria y económica que hayamos vivido? No le aunque: hágase la justicia en los bueyes de mi compadre.
Es aquí donde ejecuto un triple salto mortal intelectual (¿he dicho ya que es de sobrevivientes cambiar de opinión?) y justifico el doble rasero que aplican el gobierno federal y su presidente en cualquier materia: no hacen sino lo que el país todo.
No es que tengamos el gobierno que nos merecemos; peor: tenemos el que se nos parece.
