En política no se aplica aquello de lo que “no es en tu año, no es en tu daño”. Muchos problemas inevitablemente se heredan y no le queda de otra al nuevo gobernante que enfrentarlos y hacerlos parte de su gestión.
Lo que sí es claro es que, sin ser su responsabilidad todo aquello que requiere de explicaciones, acciones y respuestas, tanto dentro como fuera del país, pasan a estar en su cancha y, en algún sentido, acaban endilgándosele.
Uno de los grandes asuntos que ya está en la mesa de López Obrador es la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Iguala, el 26 de septiembre de 2014. Es un tema cargado de controversias y versiones encontradas, el cual ya está más allá del ámbito nacional.
El gran riesgo que corre este lacerante y doloroso caso, es el hecho de que muchos de los detenidos, presuntos responsables, están ante la eventualidad de ser liberados. La razón: la forma en que se han desarrollado los procesos desde su inicio; una vez más nos aparece la figura del “debido proceso”.
El gran problema que se viene es que todo indica que más de alguno de los detenidos, que todo indica que tuvieron que ver con los hechos acaecidos en la “noche más triste”, pueden ser liberados en cualquier momento.
En lo que ahora hay que tener un enorme cuidado es en tratar de construir una versión que deje tranquilos a quienes criticaron la investigación de la PGR. Muchos elementos del trabajo original merecen ser rescatados.
El narcotráfico surge como una de las variables centrales; todo apunta a que lo que se vaya a hacer en torno al tema debe tener en esta variable uno de sus puntos de partida.
La idea de que los estudiantes estuvieron en el peor lugar, en el peor momento, es otra de las constantes. A esto se suma la posibilidad, cada vez más tangible, de que hayan sido infiltrados, lo que los llevó a terminar entre dos fuegos.
Uno de los elementos que con razón más se cuestionan, es el por qué no se detuvo al entonces gobernador de Guerrero. Poco faltó para que saliera por la puerta grande.
Si bien la investigación de la PGR tiene elementos cuestionables, también tiene puntos rescatables. El cambio de gobierno ofrece una gran oportunidad para revisar lo que pasó, pero sobre todo, para hacer justicia a los padres, familiares y amigos de los estudiantes.
El virtual Presidente ha instruido, así dicen, a Alejandro Encinas para que se avoque a ello; el asunto sin duda está en buenas manos.
El reto ahora es cómo desarrollar una nueva investigación teniendo al lado la de la PGR, la cual está cargada de contradicciones, desaseo jurídico, pero también de elementos a considerar.
La desaparición de los 43 estudiantes es el primer gran asunto que va a heredar López Obrador; o bien, podemos decir que ya lo tiene en su mesa. En Los Pinos ya le dejaron la plaza a su antojo.
RESQUICIOS.
Así nos lo dijo ayer Irene Levy sobre la designación del fiscal general.
El nombramiento ha tenido muchos tropiezos. Parece que ahora volvemos al origen de sacar una terna para nombrarlo, lo cual va en contra de lo que propone un amplio sector de la sociedad.
La disyuntiva está en que lo nombre el Presidente, o que sea a través de un proceso en el que participe la sociedad civil. Es fundamental su autonomía y que no tenga que ver con integrantes del gobierno o algo parecido. Es importante consignar que todo indica que se ha hecho a un lado la idea del “fiscal carnal”.
Una propuesta es que el Presidente nombre directamente al fiscal general por un periodo de tres años, lo que sirva para ordenar y organizar todo lo que tiene que ver con la Fiscalía.
No he visto ningún indicio de López Obrador por escuchar o atender a la sociedad civil. No veo que firmas y desplegados vayan a influir, como ha venido sucediendo, para cambiar de opinión o escuchar otras voces. No lo veo en el modus operandi de AMLO.
Este artículo fue publicado en La Razón el 7 de agosto de 2018, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
