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Orquídea Fong

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Periodista/comunicóloga egresada de la UNAM.

Sí, López Obrador es un dictador

La verdad más evidente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que se trata de un gobierno autoritario y él, un dictador. Es por ese motivo central que la enorme ineptitud de la que todo su equipo adolece ha provocado en solo dos años un desmantelamiento inédito del Estado y la administración pública, con las graves consecuencias que la prensa registra todos los días.

En etcétera hemos afirmado en diversas ocasiones que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y de hecho, fuimos los primeros en advertir (desde el 2018) que el gobierno de la “Cuarta Transformación” sería de corte autoritario. Nuestra postura editorial fue en ese sentido: que AMLO no era un demócrata, sino un autoritario. Más aún: un dictador.

Sin embargo, es mucho más preciso afirmar que Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el proceso de consolidar su dictadura, ya que aún no es un dictador pleno. Porque para serlo necesita derruir aún más el Estado y la democracia, que todavía le ponen candados. Necesita debilitar aún más a la oposición y a la prensa crítica. Y por supuesto que cada día trabaja por lograrlo.

Hemos dicho también que AMLO no es un dictador del tipo sanguinario (aún), pero lo cierto es que su actuar autoritario ya debe muchas vidas (víctimas del COVID-19 y niños muertos por cáncer). Por ahora, corresponde más o menos al estereotipo de déspota benévolo. Es decir, de aquel dictador que concentra el poder porque según él, sabe mejor que nadie lo que nos conviene y actúa como una especie de abuelito preocupado.

A raíz de esta postura, sobre la que algún AMLOver nos reviró en Twitter que la mejor prueba de que el presidente de la República no es ningún dictador es el hecho de que quien esto escribe publica lo que quiere, y no se encuentra en la cárcel. Más allá de que ello bien podría tomarse como una amenaza velada, semejante mensaje obliga a escribir sobre los motivos que hacen de Andrés Manuel López Obrador un dictador.

Un dictador es un gobernante que se atribuye el derecho de actuar por encima de la ley, debido a que considera que tiene la razón más allá de todo, que su visión es correcta. La única correcta.

Para que un gobernante se pueda catalogar como un dictador no es necesario que mande asesinar a sus adversarios. No es necesario que las cárceles estén llenas de activistas, de periodistas, de políticos de oposición. No es necesario que haya campos de concentración, redadas nocturnas, toques de queda. Una dictadura “dura” implica todo eso, sí. Pero una dictadura es, en sí, un gobierno que actúa por encima de la ley de manera impune.

Es del dominio público que el presidente siente que debe estar por encima de la crítica. ¿Por qué? “Porque nosotros buscamos la transformación?”. Cree que porque sus intenciones son “puras” (lo cree, en serio), la realidad debe cambiar en consecuencia y la prensa y sus adversarios doblegarse. Ha dicho también que entre la ley y la “justicia”, siempre debe preferirse la justicia. No estoy descubriendo nada nuevo: el presidente se siente justo, ergo, se siente por encima de la ley.

Y un gobernante que siente por encima de la ley es la correcta definición de un dictador.

Algunos motivos

Andrés Manuel López Obrador es un dictador porque ha hecho que un rencor personal se convierta en criterio de salud pública, con gravísimas consecuencias y miles de muertes. Me refiero a su feroz oposición al uso del cubrebocas en el contexto de la peor crisis sanitaria mundial en 100 años.

Debido a que el señor presidente odia con todo su ser al ex presidente Felipe Calderón, quien tuvo que enfrentar la epidemia por la influenza en el 2009 e impulsó el uso del cubrebocas, AMLO determinó, a principios de este 2020, que su gobierno no iba a hacer eso de “taparle la boca a la gente”.

En una de sus conferencias mañaneras lo dijo, se burló, hizo gestos y dijo que no, ellos no harían eso, porque iba en contra de “la libertad”. Esa actitud se volvió un criterio oficial para el abordamiento de la pandemia, criterio que perdura hasta hoy, luego de 103 mil muertos reconocidos oficialmente.

A esta estupidez se sumó otra: su pretendido combate a la corrupción de las empresas farmacéuticas, lo que ha dejado al sector salud en una crisis de desabasto de medicamentos como nunca habíamos visto. Y, en tercer lugar se encuentra su protección al infame director del IMSS, Zoé Robledo, al inútil secretario de Salud, Jorge Alcocer y al otro bueno para nada, Hugo López Gatell, porque sí, porque él lo dice, porque él manda.

AMLO no ha necesitado mandar asesinar opositores para deber miles de vidas. Esos muertos son SUS muertos. Son los muertos que su actitud autoritaria ha provocado.

Pero no es todo. El presidente ha pasado por encima del derecho de millones de mexicanos de otras muchas maneras.

Lo ha hecho mediante el uso de varios recursos: el decreto presidencial, en casos en que busca burlar la Constitución; la discrecionalidad en el uso del presupuesto (gracias a las diversas lagunas que la propia ley permite); la complicidad de parte de la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión (que aprueban barbaridades como recortes presupuestales criminales o la desaparición de fideicomisos para la ciencia); la complicidad del Poder Judicial (que mantiene en la cárcel a su odiada enemiga, Rosario Robles), por citar algunos ejemplos.

Porque ha afectado la economía (y con ello el derecho a una vida digna para millones de personas) al tomar decisiones viscerales, llevado por convicciones personales, no por razones técnicas.

Dos ejemplos clave: la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la asignación de miles de millones de pesos a Pemex. En el primer caso, porque formó parte de su “combate a la corrupción” (sin mayores consideraciones ni atenuantes: era corrupción. PUNTO). En el segundo, porque romántica y estúpidamente añora los tiempos del nacionalismo cardenista, en el que el petróleo fue el motor del desarrollo económico, además de orgullo patriotero.

Lo es porque pone e impone a funcionarios ineptos en cargos esenciales (Tatiana Clouthier como secretaria de Economía) o bien, mediante su autoritarismo impide que verdaderos expertos actúen como se debe. Caso del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

AMLO es un dictador porque viola la ley al atentar, desde su posición como presidente, contra la imagen y el buen nombre de los periodistas, bajo el argumento de que le asiste un “derecho de réplica” al cual no, no tiene derecho. Porque distribuye discrecionalmente la publicidad oficial, con la finalidad de lastimar financieramente a los medios críticos y fortalecer a los que le rinden pleitesía, como La Jornada (diario que, por cierto, fue asquerosamente obsequioso también con Enrique Peña Nieto).

AMLO es un dictador porque desde su investidura presidencial se inmiscuye en el ámbito privado, al pretender regular la ética y los valores de los individuos mediante continuos sermones de índole moral y la publicación de la Guía Ética, con cargo al erario.

Porque, en general, convierte sus creencias, prejuicios, filias y fobias personales en estrategias de gobierno y lineamientos de políticas públicas.

El último ejemplo: el ataque continuo al INE y al sistema de partidos políticos. Su intención, es obvio, es hacerse con el control de las elecciones, ya lo ha dicho. Según él, con la finalidad de “impedir fraudes”. Cuando ello suceda, cuando el INE esté en sus manos y los partidos de oposición debilitados, la dictadura estará prácticamente consolidada.

No lo permitamos. Seamos contrapeso de su poder.

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