Muy contrastante es la cautela del presidente Andrés Manuel López Obrador por la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, a quien la justicia de ese país imputa cargos relacionados con el narcotráfico, con la rudeza que reiteradamente usa contra la prensa. Si del militar dijo que había que esperar la conclusión del proceso, con los periodistas no se mide para tildarlos de corruptos, vividores, golpistas, etcétera, sin juicio alguno de por medio, y ha llegado al extremo de señalar por nombre y apellido a los opinadores que, según él, lo atacan por consigna.
Para justificar sus ataques consuetudinarios contra la prensa, el presidente dice que emplea la libertad de expresión y el derecho de réplica, que “nunca ha habido tanta libertad de expresión” como ahora, pero que esa libertad la usan sus críticos para hacer una campaña en su contra. Con ánimo pugilístico, que en esta materia debería estar lejos de la investidura presidencial, dijo sobre las críticas a su gobierno que el asunto “es de ida y vuelta”, afirmación equivalente a decir: me pegas, te pego.
No es novedoso que los presidentes mexicanos disfracen sus actos arbitrarios como un ejercicio de libertad de expresión. Para descalificar a sus críticos, Carlos Salinas de Gortari les despachó la frase de “ni los veo ni los oigo”, en tanto que Vicente Fox arguyó su libertad cuando se le reclamó la violación al Estado laico. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto alegaron su libre expresión en respuesta a quienes los denunciaron por hacerse promoción personalizada con dinero público.
Contrario tales argucias: todos los servidores públicos están obligados a ser imparciales en sus pronunciamientos y en su actuación. Así lo manda el artículo 134 de la Constitución, que establece que los funcionarios deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad y ejercerlos sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Expresamente, la Constitución ordena que la propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad, debe tener un carácter institucional y fines informativos, no promocionales ni parciales.
Cuartoscuro
Por otra parte, el artículo 6º constitucional garantiza la manifestación de las ideas y el derecho de réplica. Este texto constitucional se refiere a dos derechos y a una obligación: los primeros corresponden a las personas y son parte de la libertad de expresión, en tanto que la obligación incumbe al Estado, que está obligado a respetarlos y a impedir que sean violados. Se dispone así un contrapeso entre las personas y el gran poder concentrado en el Estado, equilibrio acorde con la doctrina de promoción y defensa de los derechos humanos reconocida universalmente.
El cargo que ocupa López Obrador es el de jefe del Estado mexicano. Concentra en su persona nada menos que el Poder Ejecutivo, es el jefe de la administración pública federal (1.7 millones de empleados), maneja el presupuesto federal (6.3 billones de pesos) y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, cuenta además con el dominio del Congreso de la Unión mediante las mayorías de su partido, que lo apoyan y aplauden, y con un sumiso Poder Judicial.
López Obrador personifica al principal poder del Estado en virtud del cargo que ocupa, poder que se ha exacerbado por las condiciones políticas de su mandato y por las decisiones centralistas que ha adoptado. Pero, como ocurre en otros campos, el presidente actúa como si no ocupara ese poderoso cargo. Pretexta que se confronta con lo que llama “el viejo régimen”, el neoliberalismo, “los conservadores”, para simular una posición de debilidad, de supuesta víctima, a partir de la cual reclama su libertad de expresión y su derecho de réplica, como si se tratara de un ciudadano aislado frente al poder.
Lo cierto es que los derechos humanos, uno de los cuales es la libertad de expresión, son derechos de las personas, no de los gobiernos ni de los gobernantes, como innegable es que, olvidados los principios liberales y libertarios de la izquierda en la que militó por algún tiempo, López Obrador abrazó un populismo que considera insustanciales los derechos humanos.
Por eso tienen razón los 650 intelectuales que firmaron hace unas semanas el desplegado en defensa de la libertad de expresión y que dijeron “esto tiene que parar”: la interminable campaña de ataques contra la prensa crítica que protagoniza el presidente no es un ejercicio de la libertad de expresión sino, por el contrario, es una amenaza en contra de ella. Representa un uso arbitrario y abusivo del poder, es atentatoria de los derechos humanos y genera preocupación por su previsible deriva autocrática.
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