Si quien escribe esta columna o cualquiera de los que la lee se presentara a hacer un trámite ante la autoridad con documentos irregulares, muchos de ellos claramente falsificados, seguramente la autoridad no permitiría continuar con el trámite. Menos aún otorgarlo sobre la premisa que, junto con los falsos, se entregaron también suficientes documentos auténticos para cumplir los requisitos. Me resulta claro que la sola presentación de documentos falsificados o irregulares sería causa para tener un problema jurídico importante que nos llevaría, probablemente, a pasar una temporada de “retiro y reflexión” en algún reclusorio por esa acción.
Pues resulta que el INE convocó a la ciudadanía a participar en el proceso electoral de 2018 sobre la base de reformas legales que hoy permiten, aunque de manera aún muy limitada, la participación de candidatos independientes a los partidos políticos en las elecciones en nuestro país.
Aquí abro un paréntesis para decir que, en la opinión de quien esto escribe, el problema de los candados para competir electoralmente tiene que ver, fundamentalmente, con el financiamiento de las elecciones pues, por un lado, abrir de manera mayor el financiamiento privado a las campañas podría permitir que intereses fácticos, legales e ilegales, incidan de manera mayor a como hoy ya lo hacen en las elecciones en México. Y tampoco se pueden dar carretadas de recurso público a todo aquel que se apunte sólo porque se le ocurrió hacerlo. Es en este tenor donde entiendo el candado de la recolección de firmas para garantizar que aquellos que participen y, por tanto, reciban financiamiento público, son representativos de alguna franja importante del electorado. Aun así creo que el problema no está bien resuelto y trataré de abordarlo en particular en alguna otra colaboración. Cierro paréntesis.
Así, decenas de ciudadanos se inscribieron para participar como independientes en el proceso electoral. Si bien lo hicieron a diferentes espacios, por su trascendencia y por las figuras que participaron en ello, llamó la atención sobre la opinión pública el caso de los aspirantes independientes a la presidencia de la república.
Por la complejidad del proceso, hubo tres finalistas claros de dicha contienda. Margarita Zavala, ex diputada y ex primera dama, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León y Armando Ríos Piter, senador de la República.
Además de ellos hubo dos perfiles que llamaron la atención desde un inicio, Pedro Ferriz de Con, comunicador con gran exposición mediática y María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, quien representa a un movimientos social importante, vinculado a la lucha de las comunidades indígenas y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Resulta que, tras una revisión del INE, podemos saber que de los tres primeros solo cruzó el umbral de firmas requerido Margarita Zavala, Jaime Rodríguez quedó muy cerca pero no lo logra, en tercer lugar quedó Ríos Piter, no muy lejano del cuarto lugar donde quedó Marichuy y Ferriz de Con, que desde un principio denunció que la aplicación no funcionaba de manera adecuada, quedó profundamente rezagado.
Sin embargo el problema, y muy serio, es que en lo que el INE llamó tasa de procedencia (el porcentaje de firmas válidas sobre el total de firmas entregadas), en los tres primeros lugares, una ex primera dama con acceso importante a círculos de poder y recursos financieros, un gobernador en funciones y un senador de la República, podemos observar que Margarita Zavala tuvo un 55% de firmas válidas, Jaime Rodríguez un 41% y Armando Ríos Piter un 14%.
Dicho de otra manera, quien hoy (de ratificarse lo informado por el INE y no haber una sanción por parte de la FEPADE) estará en la boleta entregó un 45% de firmas irregulares, quien habrá de regresar a gobernar nuevo león un 59% de firmas irregulares y quien regresaría a culminar su encargo en el Senado un 86%.
Sin otra forma de entenderlo, sólo podemos decir que hicieron trampa.
Tenemos la oportunidad histórica de cambiar el chip y de combatir la cultura de la trampa y de la impunidad en México. De otra manera, si estas conductas no son severamente sancionadas, mandaremos un mensaje al mundo de que aquí se puede gobernar, legislar o aspirar a la primera magistratura del país sin importar que se violen las leyes que nos rigen.
El tema es de escándalo absoluto y, en países de primer mundo, más allá de esperar revisiones de instancias electorales, cualquiera que hubiera incurrido en estas conductas se habría retirado ya de la contienda por pudor.
En cambio, escuchaba hoy en el noticiero de la mañana a Jaime Rodríguez diciendo que peleara que le validen algunas firmas adicionales (quedó cerca de alcanzar el umbral) para así poder estar en la boleta electoral. A los cuestionamientos que le hacían respondía responsabilizando a la aplicación.
Sin embargo, Marichuy que, en cuanto a firmas validadas quedó apenas por debajo de Armando Ríos Piter y tuvo la cuarta parte de las obtenidas por Zavala y Rodríguez tiene, según los mismos registros del INE 94.5% de tasa de procedencia en sus firmas, es decir, solamente le fueron rechazadas el 5.5% de las firmas que presentó.
Lo anterior adquiere relevancia pues, si se pretende responsabilizar a las reglas de obtención de firmas o a la aplicación con la que se recababan, tendríamos que decir que Marichuy participó con las mismas reglas y con la misma aplicación, con mucho menos recursos e infraestructura que Margarita, el Bronco, el Jaguar o Ferriz de Con. Pese a ello, sus firmas representan y reflejan un respaldo popular importante de una franja relevante de la población.
Nadie podría suponer que los otros tres contendientes que menciono en esta reflexión tenían menos recursos, asistentes para recaudar firmas con peores dispositivos móviles o incluso que pudieron destinarles menos dinero y tiempo para capacitación. Incluso es importante tener claro que buena parte del área de influencia de Marichuy está en comunidades indígenas de bajos recursos, con poco acceso a internet y tecnología, lo que podría presumir que, en otras condiciones, su nivel de recolección de firmas podría haber sido mayor.
El tema es sencillo, hasta donde un porcentaje de firmas inválidas puede ser considerado margen de error y hasta donde se puede considerar una intencionalidad clara (a la que por cierto, seguramente, se determinaron recursos) para hacer trampa y con ello hacer un fraude a la nación.
Creo que tiene muchísimos más méritos y me agradaría mucho más ver a Marichuy en las boletas que a cualquiera de los otros contendientes. Eso no pasará pues la ley no lo permite, pero lo que si podemos exigir es que el INE de vista a la FEPADE y que quienes incurrieron en trampas flagrantes y violación de la ley sean sancionados.
Ver en la boleta o regresando al gobierno o al senado a quienes destinaron dinero e infraestructura en tratar de violentar a la ley sería una afrenta severa a la frágil democracia mexicana y la consagración de una cultura de la corrupción como mal endémico de nuestra sociedad.
Regreso al ejemplo con el que inicie, queridos lectores. Yo no quiero un país donde pueda presentarme a hacer trámites con 45% de documentos falsos y no tenga consecuencias. Pero aún menos quiero un país donde a mí, como ciudadano de a pie, se me sancione por ello, mientras a la clase política se le recompense o simplemente se le deje pasar.
De nosotros depende.
