Cinque Terre

Julián Andrade

Escritor y periodista.

La violencia que vota

La muerte tiene permiso. 23 políticos, que aspiraban a algún cargo de elección, fueron asesinados en los últimos meses. 100 días de infierno.

El caso más reciente es el de Maribel Barajas, aspirante a una diputación local en Michoacán. Encontraron el cadáver junto a su vehículo, tirado en una cuneta, en Rancho Las Flores, en Morelia, y es probable que haya muerto a pedradas.

El contexto no ayuda. 2017 es el año más violento desde que se hacen mediciones, con una tasa de homicidios dolosos de 24 por cada 100 mil habitantes.

El Instituto para la Economía y la Paz desde 2007 presenta un índice sobre avances y retrocesos en la materia.

En 2017, de acuerdo a sus estimaciones, la violencia costó 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), lo que equivale al 21 por ciento del PIB.

Para tener una idea de estos rangos, una reducción de 10 por ciento en la violencia sería el equivalente al gasto anual en servicios de salud.

Una de las causas de que esto ocurra es que no se invierte lo suficiente en seguridad interna y en el sistema de justicia. Nuestro país ocupa la mitad de recursos que los otros integrantes de la OCDE y se nota.

El Índice de Paz revela que los estados peor calificados son Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Zacatecas y Colima.

En contraste, el mejor puntaje se encuentra en Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas.

Respecto a los lugares de mayor violencia es importante observar que se trata de zonas de trasiego de drogas y en particular de las derivadas de la amapola.

Pero no todos los problemas provienen del crimen organizado y sus disputas. En los últimos tres años la violencia intrafamiliar tuvo un aumento de 32 por ciento. Esto puede ser reflejo de una ilegalidad generalizada y va a requerir de esfuerzos importantes desde los gobiernos y la sociedad si se quiere contrarrestar.

Hay que tener presente, además, que el 69 por ciento de los homicidios fue cometido con armas de fuego.

Esto es un desafío, porque con la reclasificación de los delitos, a partir del nuevo sistema de justicia, la portación ilegal de arma no es un ilícito grave y ello provoca que muchos opten por cargar al menos pistola.

Muchas de las muertes violentas se deben a riñas y se habrían evitado con una mejor legislación.

Y a todo esto hay que sumar la variable política, que debe ser atendida con toda la seriedad del caso. Es un escándalo, y terrible, que se pueda asesinar para truncar aspiraciones y que los partidos y las instituciones no reaccionen con toda la contundencia que la situación amerita.

Ésta es la circunstancia y ante una de las elecciones más grandes de la historia, en las que están en juego muchas cosas y entre ellas la propia paz y más vale tenerlo presente.


Este artículo fue publicado en La Razón el 13 de abril de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.

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