La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa es un impresionante documento de ¡2,178 páginas!, producto del trabajo escrupuloso de la oficina encabezada por José Larrieta, creada específicamente para el caso. Es obvio que casi nadie la ha leído. Las notas de prensa omiten o tergiversan puntos del mayor interés. Extrañamente, la CNDH no ha emitido un boletín que destaque los aspectos principales. Las recomendaciones deben tener la mayor difusión, y tratándose de un documento de tal extensión la conferencia de prensa es insuficiente para que la conozca la opinión pública.
Quizá lo más importante de la recomendación es que no se han analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan. La prueba de ADN de esos restos permitiría la identificación genética de personas cuyos cuerpos fueron calcinados en ese lugar. 63 mil fragmentos óseos fueron recuperados en el basurero y en el río, y están en resguardo de la Procuraduría General de la República (PGR).
En una revisión muestral de esos fragmentos, dentro de los cuales ya se han identificado algunos que corresponden a dos de los normalistas, se detectaron 114 que serían susceptibles de ser analizados.
Es increíble que ni la PGR ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hayan solicitado el análisis correspondiente al prestigiado laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria.
Entre los fragmentos hay 41 petrosas —parte del hueso temporal que encierra al oído interno— correspondientes por lo menos a 21 personas. Sería una prueba crucial: el análisis de esos restos determinaría si corresponden a los normalistas.
La presencia de restos calcinados comprueba que en el aludido basurero se produjo fuego en el cual se quemaron cuerpos humanos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que reiteradamente descalificó la versión oficial sin aportar datos que pudieran dar lugar a una versión alternativa, niega que ese fuego se hubiera producido la noche del 26 de septiembre de 2014, pero la CNDH señala pruebas que acreditan que esa noche hubo un incendio en el basurero.
La CNDH hace una imputación severa a los gobiernos municipal, estatal y federal: se sabía de tiempo atrás de los nexos de Abarca, el entonces presidente municipal, con el crimen organizado, y jamás se procedió en su contra.
Por otra parte, la recomendación revela que policías estatales participaron en la agresión a tiros contra los normalistas. En cambio, el batallón de la zona no estuvo al tanto de lo que pasó después de que las víctimas fueron interceptadas por la policía.
Ante las objeciones a la recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha respondido que la verdad sobre el caso es una, la cual debe estar sustentada en la evidencia objetiva y verificada de los hechos, no en opiniones o pareceres, ni debe responder a coyunturas o intereses políticos.
El ombudsman sostiene que no avala la versión oficial —la denominada teoría de la “verdad histórica”—, pero que las críticas y cuestionamientos a ésta no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar todo lo relacionado con tal versión aun si se encuentra sustentado en pruebas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no contradice la parte sustancial de la versión oficial: los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a criminales. Pero añade importantes puntos. Uno de ellos, de interés mayúsculo, es el de las motivaciones del crimen masivo. En una próxima columna me referiré al tema.
Precisamente porque realizó su tarea con profesionalismo y afán de descubrir la verdad (no sólo parte de ella), no comparto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la “bienvenida al establecimiento de la Comisión de la Verdad” que ha decidido el presidente de la República.
La CNDH ha actuado en busca de la verdad en un caso de gravísima violación a los derechos humanos sin dejarse contagiar por posturas interesadas en hacer prevalecer una versión subordinada a intereses políticos. Las nuevas autoridades de la PGR cuentan con sus aportaciones para atar los cabos sueltos de la investigación. Entonces, ¿cuál es el sentido de una comisión de la verdad?
Este artículo fue publicado en Excélsior el 6 de diciembre de 2018, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
