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Fernando Dworak

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La “táctica dura” letal de Morena

De acuerdo con Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en el libro Cómo mueren las democracias, el funcionamiento de un régimen democrático requiere de la contención entre los actores al momento de ejercer atribuciones y prerrogativas. Es decir, por más que las leyes faculten a un gobernante o partido a hacer un acto que aplaste a otro, sea de manera clara o a partir de una interpretación, se evitará hacerlo para que continúe el juego y el trato de respeto entre las partes.

Por otra parte, los autores afirman que lo contrario de la contención es explotar las prerrogativas institucionales que uno tiene asignadas de manera desenfrenada. A esto se le denomina “táctica dura constitucional”, a saber: jugar según las normas, pero intentando ensanchar sus límites y “jugar para ganar”. Se trata de una forma de combate institucional destinado a derrotar de manera permanente a los contendientes del partido propio, sin preocuparse por la continuidad del juego democrático.

Lamentablemente es común que partidos y gobiernos de corte populista apuesten por este tipo de tácticas para asentar su poder, por encima de las minorías. Esto es especialmente grave cuando se aplican en un órgano legislativo, de tal forma que se controlen los procesos de toma de decisiones o los accesos a los órganos de gobierno, de tal forma que se limiten los espacios para la oposición.

Hemos visto a lo largo de la actual LXIV Legislatura (2018-2021) numerosos intentos por instrumentar tácticas duras, algunos de ellos exitosos.

El primero: durante el primer periodo de sesiones del primer año, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de diputados impulsó una reforma al Reglamento Interior, para limitar las intervenciones en tribuna, de tal forma que se cortan espacios durante el proceso legislativo para expresar todas las voces a favor o en contra de un tema. La gravedad: la virtud de las intervenciones en tribuna es permitir que desarticulen las pasiones al dejar que todos hablen.

El segundo: en diciembre de 2018 la Junta de Coordinación Política del Senado retiró al senador Juan Zepeda, entonces perredista, de la Comisión de Justicia, colocando a un compañero de Morena. La razón: evitar que pudiera interferir en el proceso de dictaminación para la elección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al hacer esto, se violentó el principio de proporcionalidad en la integración de las comisiones.

Tercero: las escaramuzas que vimos a lo largo de los meses de junio y agosto pasados para la designación de las presidencias de las mesas directivas de las cámaras, ante la intención de Morena por capturarlas. Se requirió de una enorme presión para evitarlo.

El cuarto intento sería tendría efectos más graves, si llegase a ir más allá de una bravata. El pasado 8 de noviembre, el senador de Morena Germán Martínez Cázares amenazó a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con proponer a su bancada “reflexionar” sobre su permanencia, dado que acusó al grupo parlamentario de fraude en la elección de la ombudsperson el pasado 7 de noviembre. Y por lo pronto, añadió, la panista debería dejar la presidencia de tal comisión. Por desgracia este detalle y su potencial gravedad han sido poco mencionados en los medios.

¿Por qué sería grave? Una prerrogativa indispensable que tiene un órgano legislativo es la libertad de palabra, y si se la retira desaparece su autonomía. Por ello se ha consagrado este principio desde la Carta de Derechos de 1689, proclamada en el Reino Unido.

Todos los órganos legislativos cuentan con esta prerrogativa, al considerársele condición indispensable para la operación autónoma. Naturalmente, también se ha entendido que las asambleas son libres para normarse internamente a través de este principio, por lo que el ejecutivo no sanciona sus leyes y reglamentos. La libertad de palabra, o inviolabilidad, no es algo absoluto y se le limita siempre y cuando se obstruyan inadecuadamente los procesos legislativos, se falte al respeto a otros legisladores, se cometa libelo, injurias y calumnias o se llame a la sedición, según diversos reglamentos de otros países. En México todavía no se ha acotado el alcance de la inviolabilidad de manera clara.

La amenaza de Morena para retirar a la senadora López Rabadán es real, pues tiene la mayoría en el pleno. Sin embargo, no hay justificación, toda vez que la panista no incurrió en supuesto alguno de los mencionados: simplemente ejerció su libertad de palabra para denunciar algo que, al menos para ella y su grupo parlamentario, era un fraude. Es decir, se está amenazando la libertad de palabra, condicionándola a la permanencia en un cargo al interior de una comisión, aún cuando es prerrogativa de los grupos parlamentarios nombrar o retirar a los legisladores cuyos asientos tienen asignados.

Es decir, tenemos una amenaza clara e indirecta al ejercicio de la libertad de palabra al interior de un órgano legislativo. Si se dejara pasar, Morena podría retirar legisladores incómodos de comisiones que considere clave, por encima de los acuerdos tomados entre los partidos sobre la repartición de presidencias, secretarías y asientos en estos órganos. Resulta triste ver el personaje en el que se ha convertido un otrora liberal como Germán Martínez Cázares.

 

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