Los déspotas sueñan con una sociedad uniformada donde el conjunto de los ciudadanos aplauda o, cuando menos, soporte con resignado silencio sus programas y decisiones, sus acciones y sus omisiones. En esa aspiración tiránica, la tradicional división derecha-izquierda se desdibuja. Los déspotas de cualquier color político quieren que todo se someta a su poder: los legisladores, los jueces, los organismos que por ley son autónomos, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, la educación, la asignación de recursos, las finanzas, la policía. Quisieran incluso que el clima respondiera a su designio.
Su doctrina, y aun sus caprichos, se vuelven ley inobjetable. Quien se atreve a objetar sus actos o sus inacciones se expone, al contrariarlos, al descrédito, a la difamación, a la calumnia, a sanciones desproporcionadas, al despido de su empleo, a la marginación social, incluso a la confiscación de sus bienes y a la prisión, ya que —con la complicidad de la mayoría parlamentaria allí donde sobrevive el parlamento— imponen o logran la aprobación de leyes que desconocen los principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso.
Hasta sus colaboradores más cercanos, hasta sus amigos, si los tienen, hasta sus seguidores y admiradores corren peligro de caer en desgracia si se atreven a hacerles alguna observación no laudatoria de sus medidas o no acorde con sus dogmas. Los déspotas quieren librar a sus gobernados de la tarea de pensar por sí mismos en lo concerniente a los asuntos públicos. La crítica les incomoda sobremanera. Según su discurso, nadie los critica honestamente. Toda crítica responde a intereses inconfesables.
Siempre habrá millones que estén dispuestos, como si fueran objeto de una hipnosis colectiva de efectos permanentes, a dejarse conducir por los déspotas como los roedores por el flautista de Hamelin, a entregárseles sin oponer resistencia, a cederles su libertad. Pero los déspotas no se contentan con que la mayor parte de la ciudadanía los respalde acrítica e incondicionalmente: quieren convertir la mayoría en unanimidad.
“No tienen suficiente con sus adeptos —observa el inmenso Stefan Zweig en Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia, uno de sus libros imprescindibles—, con sus secuaces, con sus esclavos del alma, con los eternos colaboradores de cualquier movimiento. No. También quieren que los que son libres, los pocos independientes, les glorifiquen y sean sus vasallos, y, para imponer el suyo como dogma único, por orden del gobierno estigmatizan cualquier diferencia de opinión, calificándola de delito”.
Zweig tiene razón, pero al déspota no le incomodan tan sólo las opiniones disidentes o adversas. Advierte Héctor Aguilar Camín que cuando se señala que la economía decrecerá 8 o 10% este año, que ya venía mal desde antes de la pandemia, que la crisis será una fábrica de nuevos pobres, que los programas sociales del gobierno serán insuficientes para ellos, que la violencia sigue alta y el gobierno falló en su promesa de contenerla desde el primer día, no se está emitiendo una opinión polarizada contra los malos resultados económicos y sociales, sino se están describiendo esos malos resultados (Milenio, 19 de agosto).
El Presidente se irrita porque se informa de esos hechos: la prensa que los publica, según afirma, es una prensa conservadora, sus columnistas reciben pagos por atacarlo —no muestra prueba alguna de esos pagos ni dice quiénes los realizan—, en realidad defienden los privilegios de una minoría y si están contra su gobierno es porque están contra los intereses del pueblo. El Presidente no puede negar los hechos porque son innegables, pero sólo que se haga referencia a ellos le resulta insoportable.
La sanción desproporcionada de la Secretaría de la Función Pública contra Nexos —una de las revistas más prestigiadas sobre política, economía, sociedad, ciencia, arte y cultura, en la que han colaborado algunos de los académicos, escritores, científicos y expertos de la mayor relevancia— por un asunto que se reabrió dos años después de que la misma Secretaría lo había declarado “total y definitivamente concluido”, es una muestra ominosa de la hostilidad del gobierno contra los medios que no le son afines, es decir, contra la libertad de expresión.
Este artículo fue publicado en el Excelsior el 27 de agosto de 2020, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
