Como le comenté en mi artículo anterior, en este sexenio parece que no se requiere modificar la Constitución para dar marcha atrás en las reformas estructurales: basta con el voluntarismo del presidente de la República o de tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Ninguna institución del estado mexicano tiene, en el ámbito de su competencia, un poder similar al que le ha sido concedido al IFT. De acuerdo con la Constitución, tiene autonomía plena para regular en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y para aplicar la Ley Federal de Competencia Económica en esos sectores. No obstante, a través de varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta autonomía fue ampliándose a grados grotescos: así, puede regular en contra de lo expresamente establecido en la ley o, peor aún, los jueces están impedidos para modificar las resoluciones del IFT, salvo que éstas sean abierta y sencillamente absurdas; es decir, sólo cuando a la lectura de una persona promedio y con mediana capacidad sean claramente ridículas. A esto añadamos que sus resoluciones no pueden ser suspendidas mientras los juicios de amparo estén en proceso. Nadie en el estado mexicano tiene más poder y está sujeto a menos controles que los comisionados del IFT.
Este inmenso poder lo detentan hoy tres personas (la mayoría de las cinco que integran el pleno del IFT) que han hecho carrera flotando en las turbias aguas de la burocracia. Así, estos tres o cuatro hombres pretenden desmantelar de facto la reforma en telecomunicaciones de 2013 y permitirle al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) (América Móvil, Telmex, Telnor, Telcel, filiales y subsidiarias) fijar precios en los 63 municipios más ricos del país y que representan más del 50% del total de los ingresos en todo el sector telecomunicaciones. Hoy se inventan que ya existe competencia plena en el mercado de banda ancha fija, aunque el AEPT siga concentrando el 60% del sector. Más pronto que tarde intentarán liberar al preponderante de su regulación en otros mercados. Así lo dice, sin pudor alguno, el documento que sometieron a consulta pública. En Europa se eliminó la obligación de desagregación del bucle local después de millones de líneas desagregadas en casi veinte años. Aquí llevamos diez mil líneas y tres años. Tanto la desagregación del bucle como el acceso efectivo a infraestructura pasiva del AEPT han sido un rotundo fracaso. No existe auditoría independiente alguna que refleje resultados relevantes.
Es tan extraña la postura de los comisionados del IFT y tan alejada del espíritu y letra de la reforma en telecomunicaciones, que el 5 de abril la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información manifestó su oposición a que el IFT otorgue libertad tarifaria al AEPT. Los argumentos ya han sido analizados en este espacio, pero vale la pena recordarlos: (I) la preponderancia comprende a todo un sector a nivel nacional que no puede ser fragmentado en mercados, servicios o zonas geográficas; (II) aún en el mercado de banda ancha fija, Telmex tiene el doble de cuota de mercado que su competidor más cercano, y (III) ningún regulador del mundo ha liberado al dominante con una concentración cercana al 60%. Simplemente seríamos, una vez más, el hazmerreír del mundo en nuestra manía por proteger monopolios, ya sean públicos o privados.
Y que no le cuenten que el AEPT es el que más invierte: tiene 2/3 partes de los ingresos totales en el sector e invierte sólo 1/3. Los competidores (todos juntos) tienen 1/3 de los ingresos e invierten 2/3 en infraestructura para atender al usuario.
Este artículo fue publicado en El Economista el 07 de abril de 2021. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
