“No se van a privatizar ya los bienes del pueblo, de la nación. Aquí informo: No se va a privatizar el agua. Ese decreto que acaban de firmar para privatizar el agua, va para atrás. Porque no es una ley, es un decreto del titular del Ejecutivo. Eso no se va a permitir. Esos madruguetes no se aceptan”, señaló Andrés Manuel López Obrador durante un acto de campaña en Culiacán, Sinaloa. Extracto del discurso del candidato presidencial consignado por el portal Regeneración, órgano difusor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Por su parte, el semanario Proceso, registró las declaraciones de Rocío Nahle García, aspirante al Senado de la República por Morena, quien advirtió que este instituto político prepara un amparo para impugnar el decreto presidencial para privatizar el agua.
Argumenta que al no reunirse actualmente el número de senadores para presentar una controversia constitucional, se recurrirá a esta figura legal “para que no pase el plazo requerido y lograr soportar esta acción privatizadora hasta que tome protesta Andrés Manuel López Obrador y se tenga la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados para echar abajo semejante barbaridad”.
Las expresiones de López Obrador y Rocío Nahle, fueron vertidas aun cuando ya se sabía que la noticia de la supuesta privatización del agua era falsa. Etcétera fue el primer medio en desmentir la farsa. Pero como actores políticos en campaña, su papel es venderse como la solución a un grave problema y sus medios aliados les apoyan en esa labor.
Dos investigadores de la UNAM ofrecieron una conferencia de prensa el martes 19 de junio para desmentir la privatización del agua y explicar en qué consisten exactamente los decretos firmados por el Ejecutivo y también el Fondo Mundial para la Natualeza (WWF por sus siglas en inglés), organización que atestiguó la firma de dichos decretos, difundió una carta con su postura sobre este asunto. Tanto Proceso como Regeneración omitieron ambos eventos porque su función en este asunto no es hacer periodismo sino política.
Lo suyo sumarse a la consigna marcada por Sin Embargo, que el pasado domingo inició con la cadena desinformativa con la línea discursiva de que “entretenida como está la sociedad mexicana con el partido entre México y Alemania se aprueba la privatización del agua”. Esto pese a que los decretos fueron firmados el 5 de julio, 12 días antes de que dicho encuentro. La Jornada también se sumó al coro de las voces de alerta.
Este miércoles, la iniciativa Verificado 2018 confirma que se trató de una noticia falsa y registra todos los puntos de vista que omitieron sus medios afiliados La Jornada y Proceso, los cuales – por cierto – no han publicado el reporte de la plataforma.
Eso es explicable cuando Julio Hernández, columnista estelar de La Jornada asegura que lo anunciado por Peña Nieto respecto de los decretos de reserva de agua “es una puñalada al interés público pues bajo el disfraz de buenas intenciones entraña la cesión de la disponibilidad de agua a entidades privadas con grandes empresas mineras energéticas inmobiliarias agropecuarias y de otra índole ávidas de recibir los beneficios de las aguas nacionales”. O cuando en el reporte de Proceso, firmado por Jenaro Villamil, éste habla sin ningún empacho del “último gran negocio de los peñistas y de sus empresarios” y avizora por esta causa “un nuevo escándalo de la corrupción del actual gobierno”. Ellos están en campaña, como “ya saben quién”.
