Independientemente de que el proyecto de Ley de Amnistía deba ser ampliamente debatido, una de sus grandes virtudes es que busca hacer justicia y tiene tras de sí una convocatoria a la reconciliación.
Está documentado que muchas personas que se encuentran en los penales están en medio de la confusión y la irregularidad. Algunas se encuentran sin sentencia, a lo que se suma que están detenidos por delitos menores o detenciones sin sentido, ya sea por su apariencia física o por una denuncia que nunca termina por ser ratificada.
Vamos al lugar común, a la cárcel se entra con una facilidad inaudita, pero salir de ella es una tarea cercana a lo imposible.
La justicia es salvajemente discriminatoria. Todo cuesta y sin dinero la vida dentro de los penales y en los propios tribunales se convierte en pesadilla. Quien no tiene dinero se puede quedar años allá dentro y quien tiene puede garantizar un mínimo de seguridad en el penal.
La Ley de Amnistía está pensada para tratar de resolver un añejo problema. Mucha gente delinque por innumerables razones, las cuales van desde presiones sociales, intimidación, presiones de bandas delincuenciales y en algunos casos, por más que sea cuestionable, hasta por necesidad.
Si el eje de nuestros problemas es la pobreza, la injusta distribución de la riqueza, la aplicación de la justicia y la impunidad, es obvio que la descomposición social se manifieste de innumerables formas.
Una de las más sensibles es la instrumentación de la justicia porque a través de ella se ejerce un poder que no se cuestiona. La sociedad asume y entiende que las decisiones de los aparatos de justicia se acatan, gusten o no.
La burocracia de la justicia es un elemento más de la discriminación. La enorme cantidad de carpetas que les llega a los jueces hace imposible que la justicia sea expedita y, como se sabe, las carpetas pueden cambiar de orden.
Hay casos que pueden eternizarse sin que nadie los atienda para acumularse en los escritorios, pero hay otros que a través de procesos discriminatorios, va de nuevo influencias y dinero, se convierten en los primeros a atender y resolverse.
El reto de la estrategia requiere remedio y trapito. Si bien por un lado se pretende hacer justicia, asumir y entender las condiciones de vida en el país, por otro lado hay que diseñar proyectos para los hombres y mujeres que eventualmente dejen la cárcel.
Es un proyecto de reconciliación porque para muchas familias puede ser el fin de su pesadilla, y también va a obligar a quienes encabezan los aparatos de justicia a una tarea titánica y de enorme sensibilidad.
La Ley de Amnistía podría ser un detonante para la depuración en muchos casos que materialmente “duermen el sueño de los justos”. Muchos detenidos se quedan solos porque a sus familias y cercanos les va siendo imposible tener un seguimiento de sus vidas.
Es fundamental que al amparo de la Ley de Amnistía se haga cirugía de primerísimo nivel. Es importante que no se cuelen delincuentes mayores bajo el proyecto; sería brutal y no se avanzaría en los intentos de transformación de los aparatos de justicia y del nuevo papel que deben jugar los hombres y mujeres que se encargan de instrumentarla.
Por lo que significa y por su trascendencia, el proyecto de la Ley de Amnistía merece un profundo debate, no tiene sentido aprobarla sin ton ni son sólo porque viene del Ejecutivo; el debate debe ser parte de muchas discusiones sobre la justicia.
Es un proyecto sobre la justicia y de justicia, y también de reconciliación, lo cual quizá también tenga que ver con el incluyente Grito de Independencia que lanzó el Presidente el domingo.
RESQUICIOS.
El mayor padecimiento de los capitalinos es la inseguridad. Cuando nos dicen que bajó el número de delitos no hay manera de creerlo cuando uno mira a su alrededor. Por más que se hagan otras cuentas en la vida cotidiana la inseguridad se nos viene encima.
Este artículo fue publicado en La Razón el 18 de septiembre de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
