Cinque Terre

José Buendía Hegewisch

La ley “3 de 3” y la primavera mexicana

La presentación de la iniciativa  “3 de 3” en el Congreso como propuesta ciudadana de ley contra la corrupción es un hecho trascendente que no conviene pasar por alto. Da cuenta de los crecientes niveles de inconformidad y molestia por el abuso de poder y corrupción. Incluso, las organizaciones civiles que la impulsan tienen la expectativa de que se convierta en piedra de toque para inaugurar  una especie deprimavera mexicana contra un sistema de protecciones y complicidades que, por un lado, la democracia no ha logrado abrir con reformas de transparencia y, por otro, tampoco ha obligado a la autoridad a rendir cuentas.


A través de uno de los pocos nuevos mecanismos de participación ciudadana de la última reforma política, un grupo de organizaciones civiles entrega hoy al Congreso, por primera vez en la historia, 120 mil firmas para obligarlo a analizar su propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas. La irrupción de la sociedad en el seno del debate legislativo refleja un grado de maduración de las organizaciones civiles que, desde su interior, se valora como el paso del enojo y la queja a la movilización ciudadana para avanzar en acotar al poder. No obstante, antes de echar campanas al vuelo, faltaría ver que la acción ciudadana se mantenga. Reunir esa cantidad de firmas, que muchos partidos con recursos públicos sufrirían por obtener, es un hito en la capacidad organizativa de una sociedad tradicionalmente dispersa. Aunque ha estado matizada por el respaldo de las estructuras y cúpulas empresariales, como Cinépolis o Walmart y de universidades como el Tec de Monterrey, la Ibero y la Universidad Anáhuac, lo cierto es que su movilización ha sido más que un vuelco en la calle, sin que ello represente ningún desdoro del esfuerzo.


Al contrario, el involucramiento de sectores tradicionalmente desmovilizados o disciplinados con la autoridad, como los empresarios, revela hasta dónde la corrupción deja de ser tolerable para la marcha de los negocios o la merma de utilidad. En ese sentido, la llamada iniciativa “3 de 3”, más que su poder para transformar al país, es reflejo del quiebre de mecanismos y la creciente disfuncionalidad de los moches, las adquisiciones públicas con sobreprecio, el tráfico de influencia y el conflicto de interés. Si a eso se suma el costo de la inseguridad o los impuestos ilegales, como el derecho de piso, las perspectivas para los negocios en el país son cada vez menos atractivas.


La ley “3 de 3” obliga a los funcionarios a presentar una radiografía de su situación patrimonial, su declaración fiscal y confesar sus intereses; prioriza, además, la denuncia y ofrece mecanismos para recuperar el dinero robado; pero, sobre todo, entiende a la corrupción como un sistema diseñado para proteger complicidades y corruptelas entre las autoridades y los privados. El caso puede ser ilustrado con los escándalos en los que se han visto envueltos, por ejemplo, el Grupo Higa, las casas del Presidente y su familia, así como el secretario de Hacienda y el de Gobernación, que han pasado de largo sin ninguna investigación del Congreso o sanción alguna para los presuntos implicados.


La elevación al Congreso de la ley “3 de 3” es un paso importante, para combatir la corrupción que, primero, ha tenido que pasar por la movilización ciudadana. eso se debe a que el gobierno y los partidos siguen sin mostrar demasiada preocupación por leyes como la del Sistema Nacional Anticorrupción, que sigue atorada en el Congreso. Hasta ahora, las propuestas para garantizar la rendición de cuentas han sido demasiado lights. Esto demuestra que ni el reclamo de la sociedad ni la movilización de las organizaciones han sido capaces de quitarles el sueño.



Este artículo fue publicado en Excélsior el 17 de Marzo de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página

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