El gobernador de California, Gavin Newsom, ha tenido una peculiar carrera política. Hombre de negocios telegénico y con muy buenas conexiones familiares, en 2004 se convirtió en el alcalde más joven en la historia de San Francisco, puesto donde, entre otras cosas, se ganó el apodo de ” McHottie”. Obviamente, su ascenso estaba garantizado. Fue electo gobernador de California en 2019 por un amplio margen. Pronto convirtió a su muy liberal estado en el principal baluarte de resistencia anti Trump y, de hecho, empezó a adquirir perfil de “presidencial”. Pero las cosas se le complicaron con la pandemia. Sus estrictas medidas de confinamiento le restaron popularidad, sobre todo después de que se viera al gobernador cenando en un elegante restaurante francés. Tampoco lo ayudaron el aumento del desempleo, la falta de vivienda, la reincidencia de los incendios forestales, el apoyó de las políticas de la “ciudades santuario” que protege a inmigrantes y la imposición de un racionamiento del agua. Ahora se enfrenta a una votación revocatoria a celebrarse el 14 de septiembre.
De acuerdo a las encuestas, parece poco probable que el intento de sustituir a Newsom prospere. El gobernador ha lanzado una campaña de supervivencia donde se han invertido unos sesenta millones de dólares. Pero, sobre todo, la amenaza de que un radical de derecha llegue a gobernador es lo que esta movilizando al voto demócrata. El favorito para sucederlo, en caso de prosperar el revocatorio, es Larry Elder, un locutor de radio amante de Trump que quiere recortar el Medicaid, se opone al control de armas y llama al cambio climático “una farsa”. Todo es esto es demasiado para uno de los estados más progresistas de Estados Unidos. Y es que esto de la democracia directa en California se ha vuelto una locura. En el caso del revocatorio, solo se requiere un número relativamente modesto de firmas (12 por ciento del padrón) para proceder a realizarlo. La destitución se determina por mayoría de votos, si más del 50 por ciento vota por el Sí, el gobernador debe renunciar al cargo de gobernador y es sustituido por la persona que el mismo día y en la misma boleta obtenga más votos a favor. Así, supongamos, si un el 49.9 por ciento respaldara a Newsom, éste se vería obligado a renunciar y dejar el puesto a alguno de los aspirantes que podría obtener un 20 por ciento o menos en los sufragios. Evidentemente, se trata de una tergiversación de la voluntad popular e incluso sobran los analistas que la señalan como inconstitucional. El revocatorio de California es una buena prueba de los abusos a los que puede dar lugar una votación de este tipo. Típico ejemplo de la canalización de ambiciones electoralistas anticipadas de la oposición. La amenaza de un revocatorio es una espada de Damocles que pesa sobre un gobernante y lo obliga a gobernar con ojo eternamente pegado a las encuestas de popularidad y realizando un gobierno de “campaña permanente”, cosa que va bien con los populistas, pero no con los líderes serios.
Gobernador de California, Gavin Newsom. Getty Images / Vanity Fair
Nadie puede negar que las democracias viven una crisis de representatividad, pero ello no se solucionará con una simples reformas electorales y menos con instituir mecanismos de democracia directa de forma demagógica y arbitraria. El problema derivado de la desconfianza ciudadana en sus representantes se vincula también con la falta de un aceitado diseño institucional, donde las instituciones sean más fuertes que los cargos y sus ocupantes no terminen convirtiéndose en poderosos burócratas capaces de privatizar la función pública. California es un buen ejemplo de los defectos que presenta el exceso de los mecanismos de democracia directa. Se ha abierto un debate sobre la práctica de recurrir directamente a la ciudadanía para aprobar leyes sin pasar por las cámaras legislativas. En Estados Unidos la iniciativa popular es vigente en la mayor parte de los estados de la Unión y no sólo constituye un desvío radical del sistema de controles y equilibrios constitucional, sino que se ha convertido en un gran negocio de cientos de millones de dólares donde abogados, cabilderos, grupos de interés dizque “asesores de campaña” y compañías dedicadas a la consecución de firmas venden sus servicios entidades que en un a buena parte de los casos sólo persiguen beneficios particulares. Asimismo, a menudo las propuestas a considerar son confusas y su planteamiento se presenta mal redactado en las papeletas, tal como sucedió en México recientemente con nuestra consulta popular dizque para enjuiciar a los ex presidentes.
Ciertamente, el sistema de democracia directa en California es una tradición muy popular y arraigada. Se instituyó en 1911 con la idea de dar más poder a los ciudadanos. Desde entonces, los californianos pueden escribir y aprobar leyes en contra del Ejecutivo y el Legislativo, revocar el mandato de cargos electos (como le sucedió, célebremente al gobernador Gray Davis, destituido en 2003 por Arnold Schwarzenegger) y rechazar leyes aprobadas por sus representantes. Por eso se da el caso curioso de que La Constitución de California, aprobada en 1879, ha sido enmendada más de 500 veces, mientras que la de Estados Unidos solo 27. Tenemos entonces que un sistema creado originalmente para contrarrestar el control del gobierno estatal por parte de los grupos de interés se ha convertido en una herramienta de los grupos de interés, y eso pese a que en 2014 se aprobó una reforma a la ley para obligar a transparentar la información de los donantes a la campaña de una iniciativa.
¿De verdad la democracia representativa se encuentra agotada? ¿Ha llegado la hora de institucionalizar como mecanismos de decisión permanentes a instrumentos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato? La experiencia (y no solo en California, sino en otros estados de la Unión Americana y en otros países del mundo) no enseña que debemos irnos con cuidado a la hora de ensalzar, sin más, estos métodos, los cuales (como ya nos consta en México) pueden ser instrumento de demagogos. Las fórmulas de democracia directa deben ser consideradas como un complemento útil de la democracia representativa, no como su inminente sustituto. Pese a lo que digan sus más acérrimos críticos, la democracia representativa no ha muerto, aunque urge reflexionar sobre las causas de su actual crisis y actuar de manera responsable para hacer las correcciones pertinentes.
