La CIDH nunca debió ser inmiscuida en el caso Iguala, porque es un instrumento de Estados Unidos para apretar a los países contrapuestos a sus políticas, empezando por Cuba, sólo que la isla (ni el bloque bolivariano) jamás le dio entrada.
Y la CIDH entró a investigar el caso Iguala en el cenit del idilio de las relaciones de la actual administración con China, en detrimento de los intereses geopolíticos estadounidenses en sus fronteras:
—El otorgamiento (echado para atrás después) a la empresa China Railway de la mayor licitación del sexenio: el tren DF-Querétaro, por delante de empresas estadounidenses con mayor prestigio y experiencia.
—El avance de la instalación, a dos palmos de narices de las costas estadounidenses, del megacomplejo comercial Dragon Mart, que sería operado por ocho mil chinos y cuya construcción se encontraba al 70 por ciento cuando fue suspendido.
Todo esto coincidió con los grandes problemas del gobierno, luego de vivir dos años de ensueño, con la aprobación de 13 reformas estructurales sin precedente en la historia, y el arranque del Mexican Moment.
Los problemas iniciaron con la filtración de la compra, por parte de la esposa del Presidente, de una casona en Las Lomas; y una información que resultó incorrecta, pero mencionaba la compra de un terreno por parte del mandatario, y que reportó una donación de su padre.
En este contexto la llegada de la CIDH lesionó de manera aplastante el prestigio de México en el mundo: sus integrantes falsearon continuamente informaciones acerca del caso Iguala para hacer aparecer a nuestro país como paria internacional en materia de respeto a los derechos humanos.
El chantaje de la CIDH a México ha sido exorbitante: cobra un millón de dólares cada seis meses por la presencia de sus cinco expertos, quienes a su vez reciben de nuestros impuestos un salario mayor al de gobernadores y del Jefe de Gobierno del DF.
Además el gobierno mexicano les dio “inmunidad total”, gracias a la cual se han instalado aquí para evitar ser juzgados en sus países, como la líder del grupo, Ángela Buitrago, sobre quien pesa un juicio de hasta 16 años de cárcel por fabricar pruebas en Colombia.
Al dejar entrar a la CIDH el gobierno mexicano se echó a la bolsa al alacrán que Cuba y el bloque bolivariano nunca se echaron. Por eso ayer la CIDH rompió con la PGR y el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego, porque la contradijeron al asegurar que en el basurero de Cocula sí hubo un incendio.
Ahora la CIDH, ese instrumento político y jurídico de Estados Unidos, pretende quedarse aquí a hacer política de oposición.
Bueno, pero la culpa no la tiene la CIDH.
Este artículo fue publicado en La Razón el 07 de Abril de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
