La Corte del futuro

La preocupación por la Corte es una respuesta creativa a la desafección política hacia esquemas de funcionamiento propios de regímenes democráticos.

Los principales temas de la agenda nacional pasarán por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De sus criterios y fallos dependerá, en buena medida, el rostro de la democracia y la formación de confianza en el Estado de derecho. Está llamada a ser un espacio privilegiado de la confrontación del inmovilismo de la tradición y las convenciones con nuevos valores del país emergente.

Como nunca antes, la elección de dos nuevos ministros genera tanto interés y participación de organizaciones sociales en campañas, foros y en la deliberación del proceso. El antecedente inmediato es la cuestionada designación de Eduardo Medina Mora hace un año por su cercanía con el gobierno de Peña Nieto, del que fue representante en EU. También por sus reconocidas posiciones conservadoras y preocupaciones a favor de la seguridad en la política de drogas. El escrutinio público está sobre el proceso en el Senado como muestra el desistimiento del legislador priista Raúl Cervantes.

Es buena noticia que la integración del plató de la justicia no sea un “paseo por las nubes” y trabajen los contrapesos legislativos y la supervisión ciudadana contra un reparto de #cuotasycuates. La atención por el proceso refleja el hartazgo de creer que ir a votar es suficiente para tener una democracia que nos guste y haga sentir representados. La preocupación por la Corte es una respuesta creativa a la desafección política, en consonancia con la transformación del máximo tribunal, hacia esquemas de funcionamiento propios de regímenes democráticos. Pero a pesar de ello, el Ejecutivo parece no valorar ese espacio de solución a problemas del desencanto democrático y envía unas ternas con propuestas de aspirantes más propias de la vieja cultura jurisdiccional autoritaria que de los cambios vividos en el Poder Judicial.

En efecto, el gobierno otra vez no sintoniza con los tiempos y se presenta del lado de la resistencia al cambio. En las jugadas de su estrategia puede leerse la intención de mantener correas de transmisión para conservar control en debates que vienen como el de la mariguana, la protesta social, la seguridad o crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada o la tortura. Y para lo que se requerirán ministros con el mayor consenso y prestigio social, que sólo ofrece el mayor escrutinio público. ¿Cuáles son los criterios y el proceso deliberativo para definir las ternas?, la información no existe, según la oficina de Los Pinos, por lo que la pregunta de una ONG queda sin respuesta.

Uno de los mayores daños a la justicia viene de operar con jueces en contextos autoritarios por décadas y, en consecuencia, de su politización. Desde la reforma del Poder Judicial de 1994, la Corte ha venido transformándose en un largo giro como órgano garante y protector de los derechos humanos. Y se refleja en sus temas y fallos. De esa fecha hasta 2009, la mayoría de juicios de inconstitucionalidad sobre competencia electoral (40%) o el reparto de recursos públicos (36% los litigios más recurrentes sobre asignación de recursos (28%) o destitución de funcionarios (17%). Desde la reforma de 2011, la mayor visibilidad han sido fallos sobre protección de derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, interrupción del embarazo y, recientemente, del derecho a consumo lúdico de mariguana.

Es legítimo que el Presidente rechace la despenalización de la mariguana, pero no lo es querer controlar los espacios donde se decidirán ése y otros temas relacionados con límites y alcances de las libertades. Se necesitará cambiar pronto el método de elección de los ministros de la Corte, que responde a la vieja cultura presidencial. Por lo pronto, con el marco que tenemos hoy es posible reconducir el proceso con nuevas ternas y abandonar la repetición de soluciones ya intentadas. Nuevas opciones para una Corte capaz de dar soluciones distintas y ayudar a desanudar el hartazgo con la democracia.