El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Claudia Sheinbaum y otros 17 gobernadores de Morena violaron la Constitución porque se entrometieron en la consulta de revocación de mandato para beneficiar al presidente de la República. El máximo tribunal electoral también puso un límite a la reincidencia en la conducta de estos y otros servidores públicos, quienes no se han cansado de infringir las reglas de la democracia en México.
La contumacia es la actitud de tenacidad y dureza de quien comete un error y lo hace nuevamente una y otra vez. En derecho, se refiere a la conducta de un infractor que no admite su falta sino que, por el contrario, se obstina en cometerla desconociendo o restando valor a las normas que viola.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha sido contumaz, lo mismo que los gobernadores de Morena y sus aliados, pues en los meses previos a la consulta revocatoria, pese a que se los prohibía la Constitución, hicieron activismo a favor del inquilino del Palacio Nacional y violaron la veda que los obligaba a cesar sus actos de propaganda gubernamental. Incurrieron en estas faltas sin hacer caso de las resoluciones de las autoridades electorales y de los tribunales, que les marcaron una y otra vez su faltosa conducta.
Ante tal necedad, que tiene el agravante del incumplimiento del juramento que la jefa de Gobierno y los gobernadores hicieron al tomar posesión, el cual los comprometió a respetar el principio de legalidad en el ejercicio de sus cargos, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia definitiva e inapelable en la que se confirmó el veredicto contra estos infractores y, además, estableció que la rebeldía de estos servidores públicos podía calificarse como una forma deshonesta de vivir.
Esta conclusión de la sentencia, que se concretaría en un registro de servidores públicos violadores de la Constitución y de la normatividad electoral, podría impedir el registro de dichas personas cuando, en el futuro, intenten inscribirse como candidatos a otros cargos de elección popular. Así, el Tribunal señaló (por fin) los límites a la contumacia y a la impunidad con la que hasta la fecha se han conducido estos malos servidores públicos, quienes todavía insistieron en su actitud durante las recientes campañas electorales locales.
Cuartoscuro
Pero la trascendencia de esta sentencia radica en que tendrá que ser aplicada asimismo a otros altos funcionarios, particularmente los integrantes del gabinete presidencial que, como estampida de ñus, destinaron recursos públicos y participaron en mítines de los candidatos de Morena a gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Además de ellos, los jefes y los coordinadores de los llamados “vividores de la nación”, entre ellos las actuales titulares de las secretarías de Educación Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delfina Gómez y María Luisa Albores, respectivamente, quedaron en la mira de la justicia, pues la impunidad que han gozado hasta la fecha podría llegar a su fin.
Otro destinatario obligado de estos esfuerzos del Instituto Nacional Electoral y del TEPJF para hacer respetar las normas electorales es, nada menos, el titular del Ejecutivo, quien convirtió sus mañaneras en una permanente violación serial de la Constitución.
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