Desde el gobierno federal se sabotea la Consulta Popular 2021, cuya realización está programada para el 1 de agosto. Resulta extraño que, al ser su promotor, la haya excluido del presupuesto y reducido sus alcances.
La explicación de ello es que esta consulta no se concibió como un ejercicio de democracia participativa en pos de perseguir la corrupción y la impunidad de los poderosos, sino que, desde el principio, fue una tramposa estrategia electoral cuya utilidad se cumplió a ojos de los promoventes.
Para favorecer a Morena, primero Andrés Manuel López Obrador intentó que su nombre apareciera en una de las boletas de las recientes elecciones intermedias. La intentona se frustró cuando, debido a la resistencia del Bloque Opositor del Senado, el Congreso de la Unión resolvió que la consulta de revocación de mandato se podrá realizar pero en una fecha distinta a la de la jornada electoral. Debido a ello, desde el poder se tramó una segunda ocurrencia: emplear la animadversión extendida contra los expresidentes para oxigenar las escuálidas campañas de los candidatos del partido oficial.
La convocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre del año anterior, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no la consideró en el proyecto presupuestal 2021 y la aplanadora de Morena en San Lázaro no asignó un peso para su realización al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, los legisladores de Morena siguieron embrollando el tema porque, para evitar la obligada suspensión de la propaganda gubernamental desde la convocatoria hasta la realización de la consulta, incurrieron en otra chapuza legislativa: a destiempo decretaron la “reforma a un transitorio de la convocatoria” para que la vigencia de la misma no iniciara con su publicación (pese a que ya estaba publicada), sino hasta el 15 de julio próximo.
Cuartoscuro
El 9 de junio, la SHCP denegó la ampliación presupuestal necesaria para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la Consulta Popular 2021, por lo cual ese órgano ha recurrido a ahorros de otras partidas. Si primero se estimó un presupuesto de mil 499 millones de pesos, para mayo se redujo a 890 millones. Actualmente se calcula que la erogación será de 522 millones de pesos, un tercio de lo presupuestado inicialmente.
Al ritmo en que se redujo la estimación presupuestal, lo hizo también el número previsto de casillas. Inicialmente se previó la instalación de 104 mil y luego la cifra se redujo a 91 mil; pero la más reciente estimación del INE es de sólo 57 mil casillas, que contrastan con las 162 mil que se instalaron en las recientes elecciones ordinarias.
Como se recordará, los promoventes de la consulta pretendían que la pregunta a consultar versara sobre el juicio contra los expresidentes de la República, pero la misma fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta descartó la redacción original y autorizó una pregunta abstracta y genérica en la que sustituyó la mención de los expresidentes por los “actores políticos”, concepto que incluye a personajes de sexenios anteriores, pero también a los del presente.
Para que su resultado sea obligatorio, en la Consulta Popular 2021 debe participar más de 40 por ciento de los ciudadanos empadronados (unos 37.5 millones de electores), pero se ve difícil que ese nivel de participación se alcance porque éste es un ejercicio que sufre sabotaje: los saboteadores no están en la oposición sino en el Palacio Nacional y en las oficinas de Morena.
Cincelada: es inédito en México que un preso político haya logrado su elección como diputado federal. Perseguido por el sátrapa de Veracruz, Rogelio Franco debe ser liberado.
