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Luis de la Barreda Solórzano

La consulta inane

Jamás en el mundo, en la larga historia de la humanidad, se ha hecho una consulta tan absurda, tan inútil, tan vacua, como la que tendrá lugar en nuestro país el próximo domingo 1º de agosto. Y por si no bastara esa futilidad, será sumamente onerosa: 500 millones de pesos serán tirados a la basura en una sociedad en la que amplios segmentos de la población padecen tantas y tan apremiantes carencias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseaba ardientemente que la consulta fuese solicitada por el pueblo sabio y bueno. El artículo 35 de la Constitución señala que para que pueda llevarse a cabo una consulta popular por iniciativa ciudadana debe proponerla al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. El Presidente ordenó el año pasado a su partido la recolección del número suficiente de firmas: un millón 825 mil, ya que el padrón era de 91.2 millones de mexicanos.

Morena logró solamente recopilar 69,254 firmas. Revisadas por el INE, se descubrió que únicamente estaban registrados como electores 55,930 de los supuestos firmantes, el 0.06% de los electores, más de 30 veces menos de los que eran necesarios. El INE realizó visitas domiciliarias a personas seleccionadas en una muestra de las firmas recabadas y el 32% de los visitados dijo que no había dado su firma para la consulta.

Ante la falta de respuesta del pueblo bueno y sabio, el Presidente fue el que solicitó la consulta. Presentó la solicitud al Senado, que a su vez la turnó a la Suprema Corte de Justicia, que debía resolver si el asunto sobre el que se consultaría era constitucional. Lo que López Obrador quería que se consultase era si se estaba de acuerdo en que se investigara y, en su caso, se sancionara la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

De los 11 ministros de la Corte, cinco se opusieron a la consulta con el argumento de que no puede someterse a votación popular la aplicación de la justicia ni —ya que la pregunta claramente era contraria a la presunción de inocencia— la protección de los derechos humanos. Sin embargo, seis —la mayoría— la aprobaron, pero con una pregunta no sólo totalmente distinta sino confusa y cantinflesca.

La redacción aprobada por la Corte inquiere si se está de acuerdo en que, con apego al marco constitucional y legal, se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

La pregunta resultante no podía ser más borrosa. Ya no se habla de la investigación de la presunta comisión de delitos ni de expresidentes, sino de decisiones políticas —que son todas las que atañen a la esfera política, desde las tomadas en las altas esferas del poder hasta la simple emisión de un voto— tomadas por actores políticos —que son no sólo los servidores públicos, sino cualquier ciudadano que haya participado en cualquier actividad política, incluso una asamblea vecinal—.

Como advierte Raúl Trejo Delarbre (La Crónica de hoy, 21 de junio), la redacción de la interrogante incluye al actual Presidente de la República. Y López Obrador ha tomado decisiones perjudiciales para millones de mexicanos: la destrucción de la obra del nuevo aeropuerto, la respuesta ante la pandemia, la falta de apoyo a pequeñas y medianas empresas quebradas con motivo de ésta, la eliminación del Seguro Popular, el desmantelamiento del sistema de distribución de medicamentos, la cancelación de estancias infantiles y fideicomisos, la inacción ante grupos criminales que dominan varias zonas del país y un largo etcétera.

Pero el esclarecimiento de decisiones políticas y los derechos de las víctimas no deben depender de consulta alguna.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 15 de julio de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

 

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