Cinque Terre

Rafael Hernández Estrada

[email protected]

Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.

La consulta electorera de AMLO

El Presidente de la República parece necear en su insistencia de que haya una boleta adicional en la jornada electoral de 2021, ahora con la forma de una consulta popular para “que la gente decida si se enjuicia a los expresidentes”. Pero además de la terquedad, lo que revela esa insistencia no es un ánimo justiciero, sino la preocupación presidencial en el sentido de que Morena, su partido, será incapaz de mantener la mayoría en las siguientes elecciones, pese a que ha sido reforzado por la operación ilegal de los Servidores de la Nación.

Disimulada tras la ficción histriónica con la que actúa en su reality show, el Presidente oculta su verdadera intención, que se concentra en ganar las elecciones de 2021 y posibilitar así su proyecto transexenal. Por ello siente la imperiosa necesidad de que haya una boleta adicional que le permita una participación electoral directa que refuerce a los candidatos de su partido, a quienes de antemano los ve sin fuerza propia.

Enfrenta, además, dificultades cuyo agravamiento acentúa su prisa: 1) el desgaste prematuro de su gobierno, que ha fracasado en el cumplimiento de sus promesas; 2) su incapacidad para articular una respuesta ante los retos de las crisis económica, la de inseguridad y la emergencia sanitaria (que lo ha mostrado inepto e insensible); 3) un partido oficial incapaz hasta de dotarse de un padrón de afiliados y de renovar sus dirigencias; y 4) una estructura de los Servidores de la Nación atrofiada por los intereses y la corrupción que, a pesar de la gran cantidad de recursos públicos que consume indebidamente, no le garantiza la operación electoral, o al menos no en el nivel que él esperaría.

López Obrador intentó la reforma constitucional para que la revocación de mandato se realizara en la jornada electoral del 2021. Era su solución ideal, pues de llevarse a cabo México se dividiría entre los que votarían porque se quedara en el cargo y los que optaran por la revocación. Pese a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, la iniciativa se malogró porque le falló la operación parlamentaria. Su plan B es la consulta para que la ciudadanía decida si se enjuicia o no a los expresidentes. Aprovechando el desprestigio de éstos y sus corruptelas, quiere que en las casillas electorales del 2021 esté la soñada boleta adicional frente a la cual México se divida entre los que repudian la corrupción y los que defienden la impunidad, una polarización que le redituaría una clara superioridad. Todo sería ficción, pues la polarización no servirá para impartir justicia, sino exclusivamente para que el partido oficial y sus candidatos saquen ventaja electoral.

El plazo para solicitar la consulta popular vencerá el 15 de septiembre. El escaso tiempo descarta que ésta sea solicitada por más de un millón 800 mil ciudadanos que la suscriban individualmente, a menos de que un esfuerzo de tal magnitud se haya hecho desde tiempo atrás en forma clandestina y de que Gabriel García saque de debajo de la manga 150 cajas de archivo repletas de formatos con las firmas requeridas.

Quedan entonces las opciones de que sea el Presidente o un tercio de los legisladores de alguna de las cámaras quienes soliciten la consulta. En ambos casos, quedaría franco el paso del procedimiento que consiste en la aprobación mayoritaria en cada Cámara pero, antes de ello, la solicitud enfrentará una difícil aduana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta instancia debe calificar la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta formulada no sea tendenciosa. Los ministros que avalen la pretendida consulta quedarán marcados por un inexcusable error judicial, pues es expresa la Constitución cuando dice que no podrá ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos y la que se propone violaría al menos tres: el de acceso a la justicia, el debido proceso y la presunción de inocencia.

No debe descartarse que, si se atora legalmente esta maniobra, López Obrador la emprenda a la manera de la “Consulta Patito” que hizo para cancelar la construcción del Aeropuerto de Texcoco. Este es un escenario más probable mientras más debilitado sienta su proyecto. El asunto se convertiría en un desafío a la institucionalidad electoral y a todo el marco jurídico. Si tal cosa ocurre, se trataría de la reedición del “al diablo las instituciones”, pero ahora desde la cima del poder.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password