Cinque Terre

Rubén Cortés

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Periodista y escritor.

La CIDH encubre al director de Ayotzinapa

A más de un año de la desaparición de los 43 normalistas es que el director de la Normal de Ayotzinapa declarará en PGR, pese a haber sido acusado por el líder del cártel Guerreros Unidos de recibir 300 mil dólares de Los Rojos para infiltrar sicarios en los autobuses que sus alumnos tomaron en Iguala.


Aun así la CIDH nunca solicitó que José Luis Hernández Rivera sea interrogado sobre el caso y, en cambio, considera “clave” para el esclarecimiento el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Iguala.


Quieren hacerlo “directamente y no por intermediación de la PGR”. Ajá. ¿Y por qué no exigen lo mismo al régimen cubano para aclarar el hundimiento del remolcador de balseros 13 de marzo, o al de Nicolás Maduro por obligar a un fiscal a falsear evidencias para encarcelar a Leopoldo López?


Porque la CIDH es el brazo bolivariano en la OEA y quiere lesionar la democracia mexicana sentándola en el banquillo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, para servir la mesa a la llegada al poder aquí de AMLO, candidato de su titular, Emilio Álvarez Icaza.


¿Por qué si no, la CIDH lleva más de un año encubriendo al director de la Normal, siendo que éste es mencionado en casi todos los interrogatorios de los sicarios participantes en el secuestro, asesinato y quema de los cuerpos de los estudiantes?


Porque José Luis Hernández Rivera es de los suyos, pertenece a los de ideología filochavista de Álvarez Icaza. Sin embargo, el director de la Normal es el único que puede responder dos preguntas ineludibles:


1.- ¿Quién ordenó a los estudiantes, el 26 de septiembre, salir en autobuses de la escuela-internado hacia Chilpancingo a botear para la marcha del 2 de octubre?


2.- ¿Quién instruyó al jefe de los estudiantes dar contraorden para dirigirse a Iguala, a 125 kilómetros de distancia de Chilpancingo?


Porque no perdamos de vista que con los alumnos de Ayotzinapa viajaban dos miembros del cártel Los Rojos. Ah, pero la PGR ha detenido a 112 personas e interrogado a cientos más, aunque sin tocar al director con el pétalo de un citatorio.


Tampoco que los cinco asesinos confesos: El Cepillo, El Chereje, El Pato, El Seco y El Jona, vincularon a Hernández Rivera con la misión que llevaban sus estudiantes: sabotear el destape como candidata a alcaldesa de la esposa del ya exalcalde José Luis Abarca y robar camiones.


Según El Jona, el estudiante Jorge Luis González Parral “dijo que el director hacía las marchas y metía a Los Rojos”.


Pero sobre esto la CIDH no quiere oír, no quiere ver, no quiere saber.


Porque encubre al director.



Este artículo fue publicado en La Razón el 30 de Octubre de 2015, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página

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