Aún recuerdo la tarde en que mi padre, el abogado Guillermo Andrade Gressler, traía una sonrisa inmensa y bajo el brazo el decreto que permitiría liberar a muchos de sus clientes.
Defensor de presos políticos, había sorteado el arranque de los años setenta, con su guerra sucia y con todos los malos presagios en el horizonte.
No se engañaba, porque conocía al sistema, pero también sabía que los cimientos del antiguo régimen ya crujían.
A finales de 1978 se publicó la Ley de Amnistía.
Era la culminación de un arduo proceso jurídico y político que tuvo como propósito sacar de las cárceles a quienes habían tomado las armas a lo largo de los años setenta, formando grupos guerrilleros en diversas regiones del país.
La amnistía engarzaba también con la reforma política que, entre otras cosas, permitiría que el Partido Comunista Mexicano participara de modo legal en la vida pública.
La iniciativa, del presidente José López Portillo, se elaboró con la colaboración de quienes encabezan la defensa, primero de los estudiantes del 68, y después de los integrantes de las guerrillas que estaban en prisión.
Era un tema que no gustaba a todos, y dentro del gobierno había resistencias.
Hace algunos años revisé el archivo que acerca de mi padre integraron los agentes de la Dirección Federal de Seguridad que lo espiaban, y en él hay un apartado que reportaba sus visitas a Los Pinos para afinar la propia ley.
Le daban cuenta puntual a su director de los pasos que estaba siguiendo el primer mandatario. A los agentes de la DFS no les gustaba nada la idea de que sus antiguos enemigos salieran a las calles.
La amnistía, conviene recordarlo, es una suerte de olvido de conductas que pudieron ser ilegales. Por lo tanto, es un instrumento que requiere de ciertos consensos y explicaciones.
Por ejemplo, la ley del 78 estaba sujeta a delitos que no implicaban el homicidio ni hechos de sangre.
Se requería de legitimidad y eso lo tenía muy claro el presidente López Portillo y por eso dijo en su Segundo Informe de Gobierno: “Tengo la seguridad de que hoy, como ayer, con Juárez, Lerdo de Tejada y Cárdenas, una Ley de Amnistía hará más sólida y productiva nuestra paz social y política”.
Del lado de los presos políticos existía la convicción de que la amnistía era un recurso adecuado para reparar lo que para ellos era una injusticia.
En nuestra historia, las amnistías han tenido que ver con procesos políticos y por ello sus beneficiarios fueron quienes encabezaron rebeliones o lucharon contra los poderes en una determinada etapa y nunca para proteger a criminales, menos aún a sicarios y narcos.
Este artículo fue publicado en La Razón el 18 de diciembre de 2017, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
