Cinque Terre

Carlos Urdiales

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Justicia política

El Estado les pedirá perdón, se abrirán comisiones de justicia por decreto y por encima de comisiones de derechos humanos, la verdad histórica de la PGR será mentira; pero a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala hace cuatro años, nada ni nadie les devolverá los hijos perdidos.

Desaparición masiva es la etiqueta que pretende ahuyentar la realidad, la masacre. Miguel Ángel Osorio Chong, ahora senador, asegura que como secretario de Gobernación abrió tantas puertas como pidieron los padres de los 43, las necesarias, todas aquellas que señalaron. Padres huérfanos de hijos fueron al Congreso de la Ciudad de México a decir que el poder político los ha ignorado.

Minutas de reuniones en Bucareli, peritajes de la PGR, bitácoras de sobrevuelos en helicópteros de la Policía Federal, cuadrillas de binomios caninos por tierra, cientos de miles de fojas y la averiguación previa más grande en la historia nacional, los contradicen. Pero cuando semejante dolor está de un lado, las instituciones y sus pasajeras cabezas, toleran calumnias.

El Estado trajo y pagó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) bajo auspicio y supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para llevar a cabo las diligencias que refutaron la incineración tumultuaria en el basurero de Cocula, sin oponer hipótesis alterna.

Cárteles en Chicago, grupos criminales dedicados al trasiego de heroína de Guerrero a Estados Unidos, redes de corrupción y sumisión política a nivel local se diluyen ante consignas y clamor de justicia; personajes con nombre y apellido son minimizados por la sed de otras reivindicaciones, políticas, históricas, regionales, de gremios y activistas colgados del dolor ajeno bajo la premisa de la causa compartida.

Hace una semana, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas confirmó que las autoridades deberán reponer diligencias en el caso Iguala. La investigación no fue pronta, eficaz, imparcial ni independiente; además, no existe “la supuesta imposibilidad” que alegó la PGR (también la CNDH), ni se invaden facultades del Ministerio Público, insisten los jueces.

En reunión privada con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace dos días, seis de los 43 padres de Ayotzinapa pidieron que el máximo tribunal respalde la creación de esa Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. 

Volverán los expertos independientes, se recorrerán expedientes, la ruta del horror desde aquella noche de 2014 volverá a andarse, de los 69 acusados bajo proceso algunos saldrán vía amparos, declarándose torturados a pesar de que los protocolos aplicados confirmaron sólo tres casos.

Jurídicamente no hay una sola sentencia firme, pero en el imaginario social existen demasiadas. La justicia política espanta tanto como la verdad histórica.

El próximo gobierno destinará una subsecretaría en Gobernación a la búsqueda de otra verdad, una que alivie presiones sociales, reclamos y ojalá, algo del infinito dolor de 43 familias sobre las cuales, la injusta política, se ceba con inmundicia desde hace cuatro años.


Este artículo fue publicado en La Razón el 27 de septiembre de 2018, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.

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