viernes 29 marzo 2024

Justicia para Damián

por Luciano Pascoe

En una decisión sumamente cuestionable, el Poder Judicial de Nuevo León absolvió a cuatro secuestradores y asesinos que habían sido sentenciados a penas de entre 55 y 90 años.


En 2012, estos hombres secuestraron al empresario Damián González del Río en el estado de Nuevo León. Exigieron un rescate que, no sin mucho esfuerzo, fue juntado y pagado, por la familia de Damián, tres veces. Sí, tres.


El Juez Segundo de lo penal de Nuevo León, al reponer el proceso por segunda ocasión, los dejó en libertad esta semana. El juez estableció que la presentación de los entonces detenidos, tres horas después de su captura, violó sus garantías al ser detenidos al margen de la ley; las pruebas recabadas durante su arraigo fueron invalidadas y, por tanto, los juicios en los que se les encontró culpables en 2013 y 2014 perdieron sustento. ¿Y la familia de Damián?


Inevitablemente vuelve a la memoria el caso de Florence Cassez, quien había sido señalada cómplice de secuestro pero, como es sabido, fue liberada por el montaje televisivo violatorio de sus derechos.


El debido proceso es un derecho de todos en México; lo es también la presunción de inocencia. Sin embargo, las fallas en los distintos órganos de seguridad, ministerios públicos, procuración de justicia y judiciales son imperdonables.


No sólo se tuvo que reponer dos veces el proceso, sino que la familia de Damián perdió el poco consuelo que le quedaba de saber que esas cuatro personas que confesaron haberlo secuestrado durante cinco días, y matado no lo volverían a hacer.


La pérdida de confianza en las instituciones para brindar justicia no se limita a la impunidad —estimada en 99 por ciento por la Universidad de las Américas Puebla—, sino que se agrava con los casos como el de Damián, en que una condena es revertida por la ignorancia, incompetencia o complicidad que permite a delincuentes volver a la calle.


Si consideramos estas cifras de lo que debiese ser el escándalo de la impunidad en México, hablar de la captura, juicio y encarcelamiento de cuatro secuestradores fue en su momento un éxito mediático del entonces gobernador Rodrigo Medina. Hoy es una mancha más en la confianza de la sociedad.


Nuevo León está entre los estados con mayores niveles de impunidad y El Bronco tiene la obligación con los ciudadanos de revertirlo. Él en particular, pero el resto de los gobernadores y el residente no pueden escapar a su responsabilidad de garantizar que se haga justicia.


Justicia para todos. Justicia para Damián.



Este artículo fue publicado en La Razón el 06 de Febrero de 2016, agradecemos a Luciano Pascoe su autorización para publicarlo en nuestra página

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