Cinque Terre

Julián Andrade

Escritor y periodista.

Los jefes del narco: los alcances y los límites

Los narcotraficantes son poderosos pero solo en ciertos ámbitos. A diferencia de Colombia, donde Pablo Escobar Gaviria fue congresista y acarició el sueño de avanzar peldaños en la estructura de gobierno, en nuestro país más bien se han concentrado en corromper autoridades para establecer rutas de trasiego de drogas más o menos seguras.
Delincuentes como Amado Carrillo Fuentes, los hermanos Arellano Félix, Héctor “el Güero” Palma y Joaquín “el Chapo” Guzmán establecieron fuertes redes de protección que terminaron con cientos de policías muertos y en la cárcel.

¿Por qué fue así? Porque lo que requería la naturaleza del negocio era una maquinaria bien aceitada que permitiera el desarrollo de una logística de amplias proporciones y de escala continental.

Carrillo Fuentes fue el primero en utilizar aviones, de modo regular, para transportar cocaína colombiana y colocarla en las ciudades de Estados Unidos. Sus redes llegaron a controlar estructuras de la propia policía e inclusive contó con infiltrados en áreas sensibles.

Las FARC, en particular Julio Suárez Rojas, “el Mono Jojoy”, acordaron con el cártel de Tijuana el suministro de la droga que luego terminaba en las calles de San Diego, y desde allí se distribuía a otras regiones.

“El Chapo” Guzmán avanzó en la jerarquía criminal, sobre todo a partir de su fuga en el año 2000. Antes de eso era un jefe importante, pero todavía sujeto al mando de otros personajes, en particular de Juan José Esparragoza, “el Azul”, y de Ismael Zambada, “el Mayo”. Es más: en 1993, cuando lo detuvieron, ya era una persona de interés para las autoridades, y por ello mantenían su teléfono intervenido, pero aún no escalaba hasta la cúspide del cártel de Sinaloa.

Un ejemplo de ello es que, antes de ser capturado, su principal ocupación y preocupación era sobrevivir a la cacería que los Arellano Félix habían desatado para matarlo, debido a problemas personales y al inicio de una disputa territorial, producto del encarcelamiento de grandes capos que habían mantenido un cierto control del mercado ilegal, hasta que todo se desmoronó por el asesinato de Enrique Camarena, “el Kiki”, un agente de la DEA que se infiltró en la estructura de células criminales.

El grado de peligrosidad del “Chapo” Guzmán no se puede explicar sin el acompañamiento de los hermanos Beltrán Leyva, quienes fungieron como lugartenientes y operadores hasta que rompieron con él, por la captura de Alfredo Beltrán, “el Mochomo”, que fue cuando aquello se convirtió en un verdadero baño de sangre.

Ningún narcotraficante es exitoso si no cuenta con protección de las autoridades, la que suele encontrarse en los niveles más operativos, que son los que se requieren en el día a día.

Sin embargo, hay historias interesantes, como los procesos judiciales que se abrieron a finales de los noventa para desmantelar las redes de protección al Cártel de Juárez y que tuvieron su epicentro en Quintana Roo, cuyo momento más dramático fue la detención del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, en ese momento coordinador del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.

En el caso del Cártel de Sinaloa, sin duda la pista más evidente sobre el grado de complicidad con las autoridades es el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta complicidad con Guzmán Loera.

Sin embargo, hasta ahora no hay evidencias de que los narcotraficantes hayan corrompido a representantes del poder político, más allá de alcaldes y algún gobernador. Un caso aparte, por supuesto, es la Familia Michoacana, en el que la naturaleza de sus actividades derivó en una participación en estructuras administrativas y con una alta densidad criminal.

No quiere decir que no pueda ocurrir que los grupos del crimen organizado no aspiren a mayor poder, pero las evidencias, hasta ahora, no lo muestran.

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