Cinque Terre

José Yuste

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Analista financiero.

Insabi nace enfermo

Claro que hubo desvíos del Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación reportó que tan sólo en el 2018 hubo irregularidades por 892.3 millones de pesos por parte del Seguro Popular, que los estados debieron aclarar.

Había que revisar el envío de dinero, los mecanismos para que los recursos sí llegaran a la salud. El Seguro Popular ameritaba una afinación. Pero… No su desaparición. Ofrecía una opción real de atención médica a quienes ni estaban en el Seguro Social ni en el ISSSTE. Ahora, sin él, el caos se ha adueñado de la salud en varios estados, mientras los hospitales o institutos especializados, los del tercer nivel de atención, han empezado a cobrar por la falta de certeza sobre sus recursos.

 LA REVUELTA DE GOBERNADORES

Los gobernadores panistas, de plano, han empezado una revuelta en contra del Insabi que, supuestamente, sustituiría al Seguro Popular. Todos los gobernadores panistas (con excepción de Javier Corral) junto con el de Jalisco, Enrique Alfaro, consideran que no hay certeza para implementar el Insabi, no hay protocolos, no hay reglas.

Es claro lo que busca el presidente López Obrador: volver a centralizar el gasto en salud, ante los desvíos. El gobierno federal regresaría a aplicar el dinero, para evitar desvíos. Sin embargo, el Seguro Popular sí funcionaba bien en muchos estados.

 EXSECRETARIOS: ESTADOS DABAN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

Los exsecretarios de Salud Julio Frenk (iniciador del Seguro Popular) y Salomón Chertorivski (uno de sus principales apoyadores) han recordado que el 89 por ciento de los recursos del Seguro Popular iban a parar a los estados. Con ese 89 por ciento de presupuesto, los estados llevaban el primer nivel de asistencia médica, así como las hospitalizaciones que conforman el segundo nivel de asistencia.

Y lo más importante: los estados sabían cuánto dinero tendrían para salud.

 ¿Y EL FONDO PARA GASTOS CATASTRÓFICOS?

Además, el gobierno federal aportaba dos vertientes financieras clave. Por un lado, los costos de alta especialidad,  costosos, como el VIH o el cáncer, con proyecciones actuariales. Por el otro lado contaba con el Fondo para Gastos Catastróficos, que iba financiando, año con año, las atenciones especializadas.

De ese Fondo para Gastos Catastróficos, donde se tenían 80 mil millones de pesos, poco se sabe. Sólo que 40 mil millones de pesos volverían a ser utilizados para la salud. ¿Y los otros 40 mil millones de pesos?

Son seis gobernadores, cinco panistas (Diego Sinhue, de Guanajuato, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Francisco Domínguez, de Querétaro, Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur y, Martín Orozco, de Aguascalientes) y un gobernador de Movimiento Ciudadano (Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco), quienes están en contra del Insabi.

Esta semana veremos el hilado fino entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores, pero más allá de los intereses políticos, lo de fondo: el Insabi nació sin mecanismos financieros ni red de protección en servicios de salud.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 13 de enero de 2020, agradecemos a José Yuste su autorización para publicarlo en nuestra página.

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