Dar los nombres de las personas a quienes se atribuye el financiamiento que arbitrariamente se califica como ilícito, como lo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un linchamiento mediático que viola el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, y expone al descrédito a los señalados.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, contra quienes financiaron la serie Populismo en América Latina, es una actitud inquisitorial, un acto autoritario, intolerante, propio de un gobierno autoritario, no de un sistema democrático.
La denuncia, si no fue ordenada por el Presidente de la República, al menos cuenta con su anuencia, pues la noticia de que se presentaría fue dada durante una de sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, en la cual cedió el micrófono a Nieto para que la anunciara.
Cuando se publicitaba la serie, el entonces aspirante a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador atribuyó el financiamiento a la mafia en el poder y a un grupo de empresarios ligados a Carlos Salinas de Gortari, y retó a los productores a revelar los nombres de los financiadores. Aseguró que los productores intentaron que distintas cadenas de televisión transmitieran el material, incluidas Fox, Univision, Televisa y TV Azteca, y celebró que no lo hubieran logrado.
La serie no fue transmitida en televisión sino en internet por Amazon Prime. Se trata de un conjunto de cinco documentales conducidos por la periodista y política guatemalteca Gloria Álvarez, uno de los cuales está dedicado a la trayectoria y la postura políticas de López Obrador. Muy pocos mexicanos la han visto.
No hay en ese documental calumnia alguna contra el hoy Presidente de México ni la más mínima intromisión en su vida privada. Lo que hay son opiniones, reflexiones y análisis sobre el personaje público. Esos juicios se basan en las declaraciones y las acciones de Andrés Manuel López Obrador, todas las cuales son del conocimiento de todo el mundo.
Quienes financiaron esa serie no han incurrido al hacerlo en delito alguno. Examinar las ideas, los proyectos y el historial de un candidato o de un servidor público es un ejercicio consustancial a la democracia. Solamente en las dictaduras está prohibido y penalizado realizar, financiar o exhibir trabajos de esa índole.
Santiago Nieto ha dicho que el financiamiento podría constituir lavado de dinero. La imputación es sumamente grave y gravemente irresponsable. El lavado de dinero consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de conductas delictivas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen normalmente en el sistema financiero. No puede haber lavado de dinero sin la previa comisión de un delito, del cual, hasta ahora, no se conoce prueba alguna.
Dar los nombres de las personas a quienes se atribuye el financiamiento que arbitrariamente se califica como ilícito, como lo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un linchamiento mediático que viola el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, y expone al descrédito a los señalados cuando ni siquiera existe una resolución judicial que declare que ha lugar a que se les enjuicie.
Se trata de una acusación sin fundamento, un juicio sumarísimo en el tribunal inquisitorial en que se han convertido las conferencias mañaneras del Presidente. Ese abuso de poder lesiona nuestra democracia. Un régimen en el que se intimida desde el gobierno el análisis crítico de candidatos o servidores públicos, amagando con sanciones penales a los insumisos, no es un régimen democrático.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión se puede ver ilegítimamente restringida por condiciones de facto que coloquen directa o indirectamente en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen. El amago de una sanción penal contra quienes financiaron unos documentales en los que se ejerce la libertad de expresión los coloca en situación de riesgo —nada menos que el de ser encarcelados––, por lo que constituye un atentado inadmisible contra esa libertad.
El artículo 7 de nuestra Constitución ordena que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. El artículo 6 señala como únicos límites el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 21 de marzo de 2019, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
