Cinque Terre

Óscar Constantino Gutierrez

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Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

El Inai y el arte de verse al ombligo

Empiezo con una síntesis de lo que opino sobre el tema del Inai: si no es para mejorar, que dejen al instituto como está. ¿Puede mejorar? Sí: pásenlo al Inegi junto con el Archivo General de la Nación. Y establezcan, por separado, un tribunal nacional de acceso a la información, con un procedimiento breve, sencillo y automático. Y hay que decirlo: la reforma que pretende López Obrador no busca mejorar, sino destruir la transparencia en México.

Planteado el centro del asunto, paso a los detalles. Cuando los transparentistas se atreven a plantear este tema con la expresión «si hay elementos para corregir», demuestran que no han entendido que ellos son la causa de esta tormenta en la que López Obrador los quiere destruir. Sí, ha sido la clase política que ha reptado y vivido del modelo de transparencia la que causó este desastre, al diseñar un monstruito y autoengañarse con que es maravilloso.

No, el modelo no es maravilloso: es una aberración jurídica que haya una instancia que es, a la vez, agencia de transparencia y seudotribunal no apelable. Esa “solución” debió cambiar desde 2004, pero sus beneficiarios se dedicaron a prohijarla y hacerla crecer. Jugaron con una falacia imperdonable: al principio pidieron tiempo y oportunidad para el modelo y, ya que pasó el tiempo y fue evidente que el sistema era erróneo, exigieron su continuidad, por el tiempo que había pasado. El intentar ese doble timo —pedir al principio una oportunidad para la tontería, para exigir, al final que esa estupidez se conserve por tradición— revela que la clase política de la transparencia sólo se ha visto al ombligo durante dos décadas, diciéndose a sí misma que es maravillosa e indispensable, cuando es claro que no es así.

Las dos principales reformas constitucionales en materia de acceso a la información pública, promovidas e instigadas desde el sector que vive de la transparencia, fueron incapaces de reconocer el valor veracidad de la información, como sí lo hacen otras constituciones que tutelan el derecho a la información desde hace más de cuatro décadas. Por el contrario, las enmiendas fueron hechas para garantizar estructuras orgánicas, que sus decisiones fueran absolutas y el establecimiento de una confederación de órganos y leyes enanas en las entidades federativas, en lugar de instaurar un sistema nacional con ley uniforme, que es lo menos que puede esperarse para la regulación secundaria de un derecho humano universal.

Ernesto Villanueva dejó algo claro en su última colaboración en Proceso: transparencia e Inai no son equivalentes. De hecho, el órgano garante ha hecho un trabajo muy deficiente para el objetivo para el que fue creado. Sus aseveraciones no tienen desperdicio: “se ha confundido el objetivo (la transparencia) con el organismo garante encargado de su promoción y vigilancia.

Es necesario separar el objetivo con el medio para lograr esa finalidad. Se asimila erróneamente la transparencia con el INAI, una especie de relación simbiótica, donde no puede existir una sin la otra, lo que me parece un error (…) lo  importante es la transparencia, no el INAI. Es decir, la eventual desaparición del INAI en sus actuales términos no trae consigo necesariamente opacidad”.

Tiene razón Ernesto: desaparecer el actual Inai no implica opacidad… pero darle sus facultades a la administración de López Obrador sí acarrearía la opacidad más terrible.

La clase política de la transparencia ha pateado el bote durante dieciocho años, con una solución que debió ajustarse. Lo planteé en otro texto y lo reitero aquí: en más de una ocasión he señalado que el Inai debería convertirse en una sección del Inegi y que el modelo de solicitudes de transparencia es arcaico y absurdo, que los ciudadanos deberían acceder a la información pública en un modelo de autoservicio (donde simplemente toman la información de un catálogo total) y no con el mecanismo abarrotero de una petición a un dependiente en mostrador, como actualmente opera.

Eso implica un cambio de 180 grados: el Inai (o el órgano autónomo que lo sustituya) debería ser un guardián de que las dependencias suban toda su información en automático y no una suerte de seudotribunal dedicado a revisar solicitudes no atendidas. En un sistema así, pedir información debería ser una excepción escandalosa, porque implicaría que alguien debió publicar algo y no lo hizo.

En estos días, he encontrado a una legión de idiotas que consideran imposible esta reforma. Se olvidan de la política comparada: Suecia digitalizó todos sus acervos y tarda 48 horas en entregar documentos. Y Estados Unidos resuelve judicialmente la transparencia desde 1967. Ambas cosas se emprendieron con tecnología más antigua que la actual. Pareciera que las opiniones en contra de reformar al Inai están basadas en una combinación terrible de ignorancia, estupidez y deshonestidad intelectual. Se entiende que estas taras se encuentren en gente cuya experiencia en la materia se reduce a hacer solicitudes de información, pero no en aquellos que se supone tienen formación profesional en la materia.

En pocas palabras, si ese catálogo total de información se empezara a construir, no habría forma de que el gobierno ocultara información, bastaría con negarle validez jurídica a lo no publicado, como propuse normativamente hace quince años.

En la misma lógica, pretender que “el control judicial de la transparencia es precisamente lo contrario a pronto, expedito y gratuito” implica asumir —torpemente— un solo modelo de resolución judicial de conflictos. Un ejemplo: si los actuales comisionados del Inai pasaran a ser magistrados unitarios, habría ocho instancias más que las actuales. En otras palabras, se trata de hacer las cosas mejor, no peor. Y eso incluye que el que resuelva sepa Derecho, no que sea un ignorante “iluminado” que sólo escucha a sus asesores cuando le conviene —como sucedió en el caso en que el Inai estólidamente negó a etcétera, vía una comisionada afín a la 4T, la información adicional solicitada respecto a la aviaduría de Antonio Attolini en el Senado de la República—.

Con un tribunal nacional de acceso a la información se puede tener un proceso muy simplificado y ágil. Si, por el contrario, alguien quiere repetir las viejas mañas de los viejos procesos judiciales, lo que desea es que nada cambie para mejorar… claro, para hacer esa reforma, hay que querer emprenderla y no hacerse tonto con que los cambios no se pueden.

La cosa es querer mejorar la transparencia en México y no estacionarse en lo que se cree que se sabe, para no cambiar. La dificultad del aprendizaje no es pretexto para no hacer reformas.

El “después” es el argumento más mediocre y nocivo para evitar mejoras. Sólo hace crecer la bola de nieve: si en su momento se hubieran hecho los cambios que algunos todavía quieren diferir “para un mejor momento”, el ataque de López Obrador contra el Inai no tendría respaldo alguno. Pero los defensores de no cambiar nada de fondo le dieron las armas que él ahora usa demagógicamente.

Como dije en otro momento: en este tema hay un debate de necios: unos apuestan a regresar al Ejecutivo lo que no debe tener (la supervisión de sus actos) y otros sostienen que el modelo actual es maravilloso y sólo necesita ajustes menores (por favor). En fin: allá ellos con sus terquedades.

 

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