Cinque Terre

Rafael Hernández Estrada

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Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.

Impunidad, la marca de la casa

La presuntamente autónoma Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han desacatado mandamientos judiciales que les ordenan perseguir delitos electorales comprobados y sancionar a decenas de funcionarios que incurrieron en faltas graves, respectivamente. Los servidores públicos señalados como responsables de conductas ilegales, que además violan la Constitución, gozan de impunidad hasta esta fecha.

No se trata aquí de casos publicados en la prensa, como los de la parentela presidencial descubierta mientras recibía moches multimillonarios y contratos gubernamentales, ni de la riqueza inmobiliaria de Manuel Bartlett Díaz y la pareja Ackerman-Sandoval, o del gasto injustificado del presupuesto de Notimex que, en plena huelga, ha agotado Sanjuana Martínez. Tampoco se trata del récord histórico del 90 por ciento de los contratos del sector público que han sido concedidos a los amigos y socios de los funcionarios por la vía de la adjudicación directa. En estos temas, la impunidad la provoca la omisión de los encargados de realizar las investigaciones de actos de corrupción, quienes por instrucciones superiores se voltearon para otro lado o, de plano, dieron carpetazo a claras evidencias.

En esta ocasión nos referimos a denuncias presentadas formalmente, investigadas y sustanciadas por el Instituto Nacional Electoral y que fueron sometidas al escrutinio de los magistrados de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las investigaciones de estos otros casos fueron desahogados por autoridades autónomas, los denunciados tuvieron la oportunidad de responder a las denuncias y de ofrecer sus pruebas, los jueces dictaron sentencias y, como consecuencia de éstas, dieron parte a la fiscalía competente, a la vez que ordenaron a los superiores jerárquicos de los responsables y a la SFP que les aplicaran sanciones administrativas (que pueden ir desde la amonestación hasta la inhabilitación y la destitución).

Pero tales sentencias se han desacatado hasta la fecha. Entre los beneficiarios de esta actitud están decenas de superdelegados del presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados, que fueron señalados por la Sala Regional del TEPJF como responsables de uso indebido de recursos públicos para hacer promoción personalizada. La autoridad jurisdiccional notificó a la FEDE y a la SFP su resolución en los primeros días de enero de 2020 para que persiguieran los delitos y sancionaran las faltas, pero nada ha ocurrido. Por el contrario, algunos de ellos, como Víctor Cosío, Indira Vizcaíno y Lorena Cuéllar fueron obsequiados con las candidaturas de Morena y ahora son gobernadores de Baja California Sur, Colima y Tlaxcala, respectivamente. Está en la misma condición Manuel Merino, actual mandatario interino de Tabasco.

Mención aparte merece el caso de Delfina Gómez, también incluida en aquella sentencia. En lugar de recibir una sanción, fue premiada con la Secretaría de Educación Pública, y ahora, cuando se le encontró culpable por cobrar ilegalmente un diezmo a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, fue destapada por el presidente como futura candidata de su partido al gobierno del Estado de México.

Identificados como violadores de la Constitución en otras sentencias, Zoé Robledo, director del IMSS, se limitó a despedir a un empleado de cuarto nivel, mientras que el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, el director del Sistema Público de Radiodifusión Jenaro Villamil y otros altos funcionarios de la Presidencia de la República han sido reputados en diversas sentencias judiciales como sujetos de sanción por falta graves, sin que se les haya siquiera rozado con una humilde amonestación.

Las leyes vigentes establecen que los servidores públicos incurren en obstrucción de la justicia por no actuar a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir un delito electoral o una falta administrativa pero, entregados a la protección de los responsables de las graves infracciones señaladas en sentencias definitivas y confiados de su propia impunidad, a los encargados de la FEDE y de la SFP eso parece no preocuparles.

Cincelada: ya no hay Fonden para atender a los damnificados y reparar los daños ocasionados por los desastres naturales. Hay sí, clientelismo electoral y toneladas de demagogia.


Twitter: @rafaelhdeze

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