Cinque Terre

Luis de la Barreda Solórzano

Iguala, un año después

Ochenta y siete académicos han expresado su respaldo incondicional al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Iguala-Cocula, en tanto que Isabel Miranda de Wallace y Samuel González Ruiz, de Alto al Secuestro, demandan que el GIEI sea excluido de la investigación, pues trabaja sin bases científicas y su actuación se ha politizado. Ninguna de las dos posturas es razonable.

Un respaldo incondicional es un acto de fe: se apoya todo lo que concluya el GIEI sin importar el sustento probatorio o lógico. En este mismo espacio advertí que el informe presentado por ese grupo carece del rigor y la consistencia deseables. Respecto del móvil, por ejemplo, se basa en una elucubración: uno de los autobuses del que se apoderaron los estudiantes probablemente iba cargado de droga sin que éstos lo supieran. No se podía permitir que se llevaran ese camión con tan valiosa carga.

Pero el GIEI no explica por qué ni uno solo de esos muchachos, los únicos que supuestamente se llevaban un camión con droga, fue detenido ni figura en la lista de desaparecidos. Tampoco por qué ese vehículo no fue perseguido por la policía municipal, al servicio de los narcos, sino por la policía federal, que dejó ir a los alumnos una vez que recuperó el camión.

La expulsión del GIEI propuesta por Alto al Secuestro sería un acto propio de Chávez o Maduro: que nadie interfiera en nuestra soberanía, así se trate de un asunto gravísimo de derechos humanos. Con esa decisión parecería que el gobierno mexicano está ocultando la verdad y así dando la razón a las voces que descalifican sin matices la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

A un año de la noche triste de Iguala-Cocula, no puede sostenerse que estemos ante otro caso de impunidad, pues hay más de 110 procesados en prisión preventiva, incluyendo al exalcalde de Iguala y su mujer; pero aún quedan cabos sueltos. El informe preliminar presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —ese sí riguroso y consistente—, semanas antes de que el GIEI presentara el suyo, advierte la falta de respuesta respecto de las razones que llevaron a los estudiantes a Iguala, cómo se conformó el grupo, quiénes lo organizaron, por qué era mucho mayor el número de alumnos de primer año y si las autoridades escolares tuvieron injerencia en el viaje. La Procuradora respondió que atendería los señalamientos; pero ni siquiera ha sido citado a declarar el director de la escuela (Excélsior, 22 de septiembre). ¿Por qué?

Una crónica de Jan Martínez Ahrens, del diario español El País (21 de septiembre),  relata que, de acuerdo con las declaraciones de dos militares, el 27 batallón de infantería destacado en Iguala y el cuartel central de la 35 zona militar estaban recibiendo información de los acontecimientos. Un soldado acudió al lugar —dice la nota— donde la policía municipal rodeaba uno de los camiones ocupados por los normalistas, y tomó fotografías. Ese contingente de estudiantes fue entregado a los sicarios. A partir de ese momento se sucedieron las peticiones de ayuda de ciudadanos. Los soldados empezaron a patrullar las calles, acudieron al hospital donde se habían refugiado normalistas heridos y escucharon sus relatos de terror.

Ningún testigo vio a militares disparar ni participar en las detenciones. Pero si los mandos estaban siendo enterados de lo que ocurría, ¿no estaban obligados a defender a los estudiantes de la salvaje agresión? ¿Podían hacerlo? El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, declaró en entrevista a Jorge Fernández Menéndez que el cuartel estaba vacío pues los soldados atendían fuera de la ciudad el accidente de una pipa. Pero entonces, ¿cuántos patrullaron la ciudad? Por su parte, el exprocurador Jesús Murillo Karam arguyó que los militares no pueden actuar sino a petición de la autoridad civil. En Iguala esa autoridad era José Luis Abarca, precisamente el jefe de los agresores. ¿Pero el mando militar no debió informar al gobernador y a la Secretaría de la Defensa lo que estaba ocurriendo para recibir las instrucciones pertinentes?

A un año del atroz crimen, siguen sin aclararse puntos cruciales.

 


 

Este artículo fue publicado en Excélsior el 24 de Septiembre de 2015, agradecemos a Luis de la Barreda Solorzano su autorización para publicarlo en nuestra página

 

 

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